En el marco de los diálogos con el ELN, y como quiera que al Gobierno le corresponde velar por el estricto cumplimiento de la Ley 1820 del 2016 y el Decreto 277 del 2017, en cuanto a la libertad condicionada para personas privadas de la libertad por conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la protesta o disturbios internos, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia adelantarán las acciones necesarias para suscribir un instrumento jurídico que permita el intercambio de información con el Consejo Superior de la Judicatura tendiente a hacer seguimiento a la aplicación de la de la Ley de Amnistía e Indulto en esa materia, establecer la situación jurídica actual de las personas potencialmente beneficiarias de las medidas judiciales e implementar los instrumentos que dichos diagnósticos arrojen. La norma advierte que los términos y condiciones del intercambio de información, en todo caso, deberán garantizar el principio de reserva y confidencialidad de la información.