En la plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado, con 107 votos, el proyecto de acto legislativo que adicionaría dos artículos a la Constitución Política para estipular que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas. Así las cosas, la propuesta pasa al Senado para penúltimo debate. Dos son los objetivos principales de este articulado: mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro, las conductas relacionadas con narcotráfico y los delitos sexuales contra menores; y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de los niños y adolescentes contra agresiones sexuales. Según Minjusticia, el acto legislativo no impedirá un acuerdo de paz con otros grupos alzados en armas, especialmente con el ELN, pues aplica expresamente a conductas ocurridas después de su vigencia. De igual forma, no afecta o genera inseguridad a las Farc, ya que se excluye su aplicación al acuerdo de paz; y no se aplicará a las bandas criminales (Bacrim), pues no está dirigido a los grupos armados organizados (GAO), ni les reconoce estatus político alguno.