En último debate, la plenaria del Senado de la República, con 73 votos a favor, aprobó el proyecto de ley orgánica 169/17S-026/17C, por medio de la cual se exceptúa al Ministerio del Trabajo, al Inpec, al Congreso de la República, a la Aeronáutica Civil y al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 617 del 2000 y se autoriza el crecimiento del personal de las entidades. Con este proyecto se busca, entre otras cosas, atender la necesidad de mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, y cumplir con los fallos judiciales de la Corte Constitucional en esta materia, así como garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. La iniciativa contempla la creación de 2.800 nuevos cupos de personal distribuidos de la siguiente forma: 2.300 para el personal de custodia y vigilancia y 500 cargos para el área administrativa. Con la entrada en vigencia de esta ley se espera que la modificación de la planta de personal se efectúe durante las vigencias de 2019 y 2020. La aprobación de esta iniciativa se hizo bajo la condición de que el próximo Gobierno dentro del año siguiente a la publicación de la ley presente ante el Congreso la reforma estructural del manejo del sistema carcelario y penitenciario, teniendo en cuenta los lineamientos de política criminal.