Con el fin de racionalizar o desconcentrar el conocimiento de las acciones de tutela, el Ministerio de Justicia acaba de expedir un decreto para ajustar las reglas de reparto de los mecanismos contra las autoridades públicas y los particulares. Algunos de los cambios contemplados en la nueva norma son: las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales; los mecanismos de protección dirigidos contra actuaciones del Presidente de la República, Contralor, Procurador, Fiscal General, Registrador, Defensor del Pueblo, Auditor General de la República, Contralor General y del Consejo Nacional electoral serán repartidos para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial o a los tribunales administrativos. La norma advierte que estas reglas aplicarán a las solicitudes de tutela que se hayan presentado con posterioridad al 30 de noviembre.