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Actualizado hace 11 minutes | ISSN: 2805-6396

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En audiencia sobre crisis carcelaria, Minjusticia insistió con cadena perpetua

26 de Octubre de 2018

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Ante la Sala Plena de la Corte Constitucional, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, expuso los avances de esta cartera en cuanto al cumplimiento de las sentencias T-388 del 2013 y T-762 del 2015, a través de las cuales se declaró el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.

 

La funcionaria manifestó que el sistema carcelario se ha convertido en un verdadero reto y que, aunque duele la situación de las 192.938 personas que están privadas de la libertad, la solución debe ser de todos, es decir, de la ciudadanía y el Legislativo, no solo del Gobierno Nacional.

 

En ese sentido, dijo que en la Costa Caribe se quiere replicar lo que se hizo en la Riviera Maya (México), donde la cadena hotelera apoyó a las cárceles brindándole trabajo a la población privada de la libertad, en temas como la fabricación de insumos.

 

Construcciones móviles

 

De otra parte, la ministra señaló que el Gobierno está impulsando soluciones a una situación que, al principio, pensó que no se podría resolver, como es el caso de construcciones móviles y servicios para disminuir el hacinamiento carcelario.

 

 

 

 

En la audiencia intervino también Matilde Mendieta Galindo, directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), quien manifestó que se ha realizado el mantenimiento de infraestructura a 122 centros carcelarios y que el sistema de vigilancia electrónica, mecanismo con el que cuentan 5300 internos, ha costado $ 100 mil millones.

 

Carlos Medina Ramírez, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que si los entes territoriales asumieran su responsabilidad con el hacinamiento este llegaría al 1,63 %. En este sentido, afirmó, “los gobiernos locales siempre han creído que la Nación es la responsable de esta problemática, hoy es necesario que se involucren en el tema penitenciario y carcelario”.

 

Ricardo Rodríguez Yee, vicecontralor general de la República, informó que en estos momentos, debido a las limitaciones que tiene el ente de control, es imposible hacer alguna clase de control previo, solo el control posterior que obedece a sus competencias.    

 

 

 

 

Por su parte, para el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, no hay rubros presupuestales suficientes para atender lo que es una población carcelaria permanente, por lo que, en algunas ocasiones, con apoyo de la policía, ha tocado levantar carpas en el espacio público para la población detenida preventivamente.

 

 

 

 

No obstante, afirmó, no se puede pretender que ante la crisis carcelaria se inhiba el ejercicio de la persecución penal de la Fiscalía General de la Nación. “De las 117.000 personas privadas de la libertad solo 38.000 tienen medida de aseguramiento”.

 

Cadena perpetua

 

A pesar de este panorama que se vive en las cárceles, la ministra señaló respecto a la cadena perpetua para violadores y homicidas de niños que se seguirán los lineamientos que ha fijado el presidente Duque y, en ese sentido, quiere hacer un debate para que los ciudadanos opinen sobre el tema, como lo manifestó el pasado 2 de octubre.

 

Y es que a raíz de lo sucedido recientemente en Fundación (Magdalena), el presidente Duque solicitó a la Secretaría Jurídica del Palacio de Nariño celeridad en el tema del referendo de prisión perpetua para violadores.

 

Pero el drama del hacinamiento carcelario también se debatió esta semana en el Legislativo. En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, pidió tener en cuenta que no todos los tipos penales pueden ir a la cárcel, que el Inpec no puede funcionar con 80 sindicatos y que son necesarios más recursos para este sector.

 

 

 

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