Con ocho votos a favor, pasó a cuarto debate el proyecto de acto legislativo que adicionaría dos artículos a la Constitución Política y estipularía que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, señaló que si bien la Carta Política no define explícitamente el delito político sí lo hace frente a sus consecuencias, “continuando con la tradición de la Constitución de 1886, que elevó a rango constitucional el tratamiento ‘privilegiado’ o ‘benévolo’ de los delitos políticos”, afirmó. “Este proyecto obedece fundamentalmente a necesidades jurídicas y técnicas, pues se trata de ponerle límites al desbordado alcance que al delito político y sus consecuencias -amnistías e indultos- se le ha querido dar”, indicó la ministra. La alta funcionaria finalizó su intervención afirmando que este acto legislativo, que ya dio su tercer paso para convertirse en reforma constitucional, conlleva un mensaje muy positivo para el país.