Esta medida presupuestal solucionaría crisis de congestión en juzgados de ejecución de penas

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, anunció que el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura acordaron que se adicionará al presupuesto la suma de $ 5.000 millones, los cuales irán a los centros de servicios de los juzgados de ejecución de penas del país. (Lea: “No podemos descartar de tajo la reforma a la justicia”)

La decisión dará cumplimiento a los compromisos de paz adquiridos por el Gobierno, en especial para la aplicación de las amnistías de miembros de las Farc; así mismo, el jefe de la cartera de Justicia afirmó que esta medida tiene como propósito garantizar los servicios de justicia en el posconflicto.

Vale la pena recordar que la coordinadora del Centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas de Bogotá, Shirley del Valle Albarracín, afirmó hace unas semanas que existían 15.000 condenados privados de la libertad en la capital colombiana y que son potenciales peticionarios de la Ley 1820 del 2016.

Sostenía que este no era el hecho generador de la problemática de ejecución de penas, sino el atraso que se tiene con 56.000 procesos, dentro de ellos 11.000 que están represados en el centro de servicios. (Lea: Denuncian falencias en infraestructura de sedes judiciales de Bogotá

“De ahí que si atendemos a las exigencias normativas son 10 días hábiles que tiene el juez para resolver este tipo de peticiones, por tanto es enorme la preocupación que asalta a los jueces de poder cumplirle al proceso de paz con la resolución de amnistías”, agregaba la coordinadora antes del anuncio de Gil Botero.

Minjusticia, Comunicado, Mar. 28/17

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