Con 61 votos a favor, pasó a quinto debate el proyecto de acto legislativo que adicionaría dos artículos a la Constitución Política y estipularía que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. “El Estado colombiano debe sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo para la financiación de la lucha armada. Esta práctica es abiertamente contraria a los derechos humanos, constituye un ataque indiscriminado a la población civil y, en consecuencia, debe ser castigada con la mayor severidad”, aseguró la ministra de Justicia, Gloria María Borrero. La funcionaria señaló que si bien la Constitución de 1991 no define explícitamente el delito político sí lo hace frente a sus consecuencias, “continuando con la tradición de la Constitución de 1886, que elevó a rango constitucional el tratamiento ‘privilegiado’ o ‘benévolo’ de los delitos políticos”, afirmó. Así mismo, explicó que dicho tratamiento benévolo para estos delitos consiste, principalmente, en considerarlos indultables, amnistiables, en no proceder la extradición contra sus autores y en no generar antecedentes que impidan a sus autores el acceso a cargos de elección popular.