El Ministerio de Justicia rindió cuentas en lo relacionado con las estrategias para consolidar el proyecto de depuración normativa. La Imprenta Nacional identificó 12.706 normas que podrían considerarse potencialmente depurables. Luego, la cartera de Justicia las analizó y clasificó teniendo en cuenta causales de eliminación y después las remitió a los 24 sectores de la administración pública, los cuales tomaron las decisiones finales. Diana Remolina, Directora de Desarrollo del Derecho y Ordenamiento Jurídico, explicó que el proyecto de depuración normativa consideró que 11.951 normas eran objeto de depuración, mientras que 755 fueron excluidas del proceso por estar mal clasificadas. Estas se depuraron de acuerdo con los siguientes parámetros: 183 por cambio de régimen constitucional; 350 por agotamiento del término definido en la norma; 448 por obsolescencia; 583 porque no fueron adoptadas por la legislación permanente; 1.878 por derogatoria orgánica y 8.509 porque se agotó su objeto o por cesación de efectos.