El Gobierno precisó los términos para decidir respecto de los beneficios de la Ley 1820 del 2016 para miembros de la fuerza pública. A través del Decreto 1269, el Ministerio de Justicia señaló que una vez la autoridad judicial reciba la comunicación de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para los miembros o exmiembros de la fuerza pública decidirá sobre la concesión de la libertad transitoria condicionada y anticipada o la privación de la libertad en unidad militar o policial, según sea el caso, en un término no mayor a 10 días. En el evento que contra el solicitante se adelanten simultáneamente uno o varios procesos penales y se registre además una o varias condenas en firme o no, independientemente del régimen procesal y del estado de la actuación respectiva en que se encuentre, la competencia para tramitar y decidir sobre la agrupación y resolver sobre los supuestos de la ley será de la autoridad que tenga asignado un asunto en el cual la persona esté afectada con medida de aseguramiento privativa de la libertad o privación de la libertad. De igual manera, la norma hace referencia a la procedencia del beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada para personas con menos de cinco años de privación de la libertad.