Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.
ANT había dejado sin efectos el acto de adjudicación argumentando que, debido a su formación académica, la mujer “ya no se identifica como campesina’’.
En este caso, procedió la tutela ante la vía de hecho que realizó el juzgado al dejar a un lado el análisis de lo acontecido, las pruebas, normativa y jurisprudencia aplicable.
De acuerdo con la Constitución, el requisito de residencia para ser diputado consiste en haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año anterior a la fecha de elección.
Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Condiciones para conceder los permisos deben ser determinadas en el reglamento de trabajo, así como los requisitos para ser concedidos.
Debe preferirse el mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver una controversia pensional que requiera de un debate probatorio exhaustivo y amplio: Corte Constitucional.
Los aspirantes para integrar la terna que será elegida por el Consejo de Estado se podrán inscribir desde el 2 hasta el 15 de mayo.
Se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados.
La no inclusión de Ángel Rodrigo Pérez Lemus en las tarjetas electorales no afectó la validez de la elección.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 3° de la Ley 2066 del 2020, en la que se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera.
El empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para que ejerza su derecho de contradicción.
Si se hace amparado en alguna de las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional se estaría atendiendo un precedente judicial vinculante.
Una jueza fue suspendida por ignorar el carácter preferente de las acciones de tutela al retardar la decisión sobre el amparo sin justificación.
La Corte Constitucional ha establecido que para determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral.
Cuando la medida tiene un carácter eminentemente disciplinario.
Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.
De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver conflictos derivados de la actividad contractual que conllevan a la habilitación del pacto de composición y al trámite de la amigable composición.
El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral: Consejo de Estado.
Con dicho proceder no se vulnera el derecho al debido proceso, todo lo contrario, la actuación administrativa consulta los principios de economía, celeridad y eficiencia.
El nuevo magistrado es abogado con especializaciones en derecho constitucional y seguridad social de la Universidad de Antioquia.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una niña a la que el Consejo de Estado le negó la reparación por la muerte de su padre, quien en vida no reconoció su paternidad.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada vulnera los artículos 340 y 324 dela Constitución.
Con una votación de 10 contra 8, la Comisión Séptima aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto.
La Corte Constitucional encontró una afectación directa sobre las comunidades indígenas al convertir en municipios las áreas no municipalizadas, sin prever presencia de territorios indígenas.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
La Corte Constitucional declaró inexequible la causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por adquirir carta de naturaleza en otro país.
El documento incluye estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en el campo y la ciudad, la recuperación del control territorial y el aumento de la confianza institucional.
Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.
Actividades extracurriculares, culturales, deportivas y recreativas, junto con los conocimientos impartidos, son parte indispensable de la garantía del servicio de educación.
La reunión se centró en la situación de seguridad del Sumapaz y las advertencias sobre posible presencia de grupos armados ilegales.
El mecanismo ordinario para controvertir el proceso de revocatoria del mandato es la nulidad electoral, que se dirige en contra del acto administrativo que declara los resultados de las votaciones públicas.
Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.
Para la Corte Constitucional, el trámite de aprobación de la Ley 2099 del 2021 no violó los principios de publicidad y consecutividad y no incurrió en vicios de procedimiento.
Para la Corte Constitucional, la expresión contenida en el artículo 42 de la Ley 361 de 1997 vulnera los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de este colectivo.
Confirmó la CNDJ la sentencia que declaró disciplinariamente responsable a juez de paz que vulneró flagrantemente el derecho de al debido proceso de un ciudadano.
Este dinero será invertido en 100 proyectos a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo con la demanda, la contribución acusada es inconstitucional porque su trámite legislativo se vició por falta de debate y transparencia de lo regulado por dicha norma.
El trámite de reconstrucción del proceso previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente.
El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.
Para la Procuradora General, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta.
La Corte Constitucional señaló cómo es la valoración que el juez penal debe hacer de estos indicios.
La función de investigar no solo se traduce en practicar pruebas, sino en extraer todo lo que estas aportan al proceso en ese camino hacia la verdad que exige la ley.
Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.
Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.
Consejo de Estado precisó cómo se condicionan el uso, explotación y disponibilidad de los inmuebles que integran el parque nacional natural.
El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla fue suspendido por tres meses, sin derecho a remuneración.
Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.
De acuerdo con la demanda, la norma vulnera los principios de progresividad tributarias, equidad y eficiencia.
Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.
Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Si la Administración no lo tiene en cuenta vulnera el artículo 29 de la Constitución Política.
La publicación parcial impide la consulta íntegra para que sea oponible, se afecta el principio de publicidad y el debido proceso: Consejo de Estado.
El Estado debe velar por la protección de la integridad física, mental y moral de los niños, niñas y jóvenes.
El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.
Las competencias del alcalde en materia presupuestal se encuentran altamente restringidas en virtud del principio de legalidad del gasto.
Juez no puede apartarse del conocimiento del proceso cuando la competencia le ha sido asignada por la resolución de conflicto de competencia.
La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.
En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.
El disciplinable superó el término de 10 días que fija la jurisprudencia constitucional para resolver el incidente de desacato de un fallo de tutela después de su apertura.
Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
Vulneración del derecho por desconocimiento del precedente jurisprudencial, relativo a la inaplicabilidad de la terminación del proceso por desistimiento tácito cuando la inactividad proviene de una omisión del juzgado.
Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra el artículo 42 de la Ley 2199 del 2022.
Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.
La ordenación del territorio no es una función exclusiva de los municipios, sino que confluyen en la materia competencias nacionales, regionales, departamentales, municipales y distritales.
Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas procede únicamente en condenas por delitos que hubieren afectado el patrimonio público.
En este tipo de casos, se justifica la condena por la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro comportamiento era esperable y racionalmente realizable.
La Universidad del Rosario graduó, por primera vez en Colombia, a una persona no binaria con título profesional.
Sin embargo, los actos contractuales, al igual que ocurre con los contratos regidos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se deben demandar en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. (C.P: Alberto Montaña
Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 6° de la Ley 2283 del 2023.
Para que la acción popular resulte procedente, es necesario que el demandante, en el transcurso del debate judicial, demuestre que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva.
La información que puede entregarse a una autoridad administrativa sin la autorización del titular de los datos personales es aquella que corresponde a datos públicos.
La alta corporación protegió los derechos de una mujer indígena a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada es flagrante y manifiestamente inconstitucional, pues, en principio, la Constitución impone la aplicación del debido proceso que integra en sí los principios de culpabilidad y de imputación.
En el caso concreto, el fiscal revictimizó a la accionante al momento de acudir a solicitar información sobre el estado de su denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.
En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.
De acuerdo con la demandante, en el Registro del Estado Civil de las personas debe estar lo relacionado con el estado civil que se adquiere cuando se declara la unión marital de hecho.
Minvivienda presentó los cambios de este subsidio para el 2023.
La reunión duró alrededor de dos horas, y fue considerada "provechosa y cordial".
De acuerdo con la demanda, las normas acusadas dejan de lado y sin protección normativa la expectativa y regulación del régimen pensional de las personas no binarias.
Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 del 2018.
Incurre en el delito de prevaricato el servidor público que, con conocimiento y voluntad, profiere resolución, concepto o dictamen manifiestamente contrario a la ley: Corte Suprema.
La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.
De acuerdo con la demanda, las disposiciones acusadas atribuyen competencias al Fiscal General de la Nación que implica que no se observe las garantías constitucionales de imparcialidad e independencia.
El derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
Solo pueden ser objeto de investigación disciplinaria las actuaciones judiciales en donde el funcionario vulnera ostensiblemente el ordenamiento jurídico: CNDJ
El desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso del IDU consistió en adelantar un incidente cuando el proceso ya se había terminado mediante sentencia.
El tribunal constitucional protegió el derecho a la salud de los menores, pues las demandadas no indagaron si era posible un tratamiento con enfoque ABA en el colegio, como se pidió a partir de recomendación médica.
Esta inhabilidad busca impedir que la contratación con el Estado favorezca la campaña del contratista que aspira a dicho cargo: Consejo de Estado.
De acuerdo con la demanda, la norma no tiene en cuenta los derechos de las víctimas.
Trabajadores que se desvinculen del servicio y no han gozado de sus vacaciones tienen derecho a la compensación en dinero.
No existen los elementos médicos suficientes para determinar si el procedimiento solicitado por la accionante es funcional o está relacionado con la salud: Corte Constitucional.
Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.
El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.
El Ministerio Público manifestó que las disposiciones demandadas violan la Constitución, porque su indebida formulación lleva escenarios que están en contravía de los mandatos superiores.
El juez de paz debió permitir el ejercicio de la defensa antes de declarar el incumplimiento de la conciliación por una de las partes.
En principio, el transporte intermunicipal no está cubierto por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
La restricción cobija a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
La exigibilidad del requisito de conciliación extrajudicial debe ser analizada en cada caso concreto, en atención a la calidad de los derechos reclamados y la posibilidad de que su debate sea objeto de conciliación.
Solo aquel error que por sus dimensiones no pudo haber sido cometido sino mediante total o crasa negligencia del sujeto que emite el acto podría ser juzgado.
Si se emiten fallos contra el Presidente de la República, las entidades deberán ponerse en contacto inmediato con el Dapre.
Si bien el instituto educativo tiene la posibilidad de retener algunos documentos cuando se presenta una falta de pago, ello no lo exonera de analizar las circunstancias del núcleo familiar del niño.
No se encontraron los presupuestos de la causal de inhabilidad para ser congresista por celebración de contratos con entidades estatales.
Se trata de solicitudes que cuentan con un término especial, el cual se podrá ampliar cuando se haya requerido la práctica de pruebas.
La meta de la administración es aumentar la conectividad fija y móvil de internet en un 85 % para 2026.
Se estima que, en Colombia, 3,5 millones de mujeres viven con esta enfermedad.
Se trata de los lineamientos que ministerios y departamentos administrativos deben seguir a la hora de responder ante acciones públicas de inconstitucionalidad.
De acuerdo con el demandante, la medida viola el principio de equidad tributaria y el de certeza tributaria.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial remitió un conflicto negativo de competencia para que defina cuál es la autoridad que deberá investigar disciplinariamente a tres auxiliares de la justicia.
Los excedentes pueden ser apropiados como reservas por disposición expresa o por aprobación de la asamblea de propietarios.
Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
El derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no solo debe ser asociado a las relaciones laborales de carácter dependiente (contratos de trabajo, vinculaciones legales y reglamentarias), sino que debe ser extensiva a los contratos de prestación de servicios.
Para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 de la Ley 2277 del 2022.
La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.
Dado que no existe cambio de empleo, las funciones siguen iguales y el empleado no debe posesionarse nuevamente.
Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.
Los jueces deben incorporar criterios de género y analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad: Corte Constitucional.
Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.
La renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición: Consejo de Estado.
Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.
De acuerdo con la demanda, la configuración de la base gravable solo resulta inconstitucional mientras se construya partiendo de un patrimonio bruto que incluya propiedades inmuebles.
Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.
La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.
Tanto el deber de reparación o remplazo como la sanción debe estipularse en el respectivo contrato de condiciones uniformes.
Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.
Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.
Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.
Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.
Con el fin de evitar una amenaza contra el ejercicio de la profesión y la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.
De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.
Por medio del comunicado 315, la FGN dio a conocer esta decisión, reiterando su compromiso desde sus competencias y apoyando las decisiones que beneficien la obtención de la paz.
El consentimiento de una persona en situación de discapacidad, incluso la declarada interdicta, debe ser valorado igual que el de todos los ciudadanos: Corte Constitucional.
Corte Constitucional resolvió si se vulneran los derechos de un PPL que padece de un trastorno de ansiedad al trasladarlo a sus citas médicas con restricciones de manos y pies.
Las pruebas clasificatorias no buscan evaluar los conocimientos impartidos en el marco de un proceso educativo, sino definir un punto de partida para dar inicio al proceso: Corte Constitucional.
Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.
Duque Gutiérrez será el remplazo de William Hernández Gómez.
Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.
A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.
La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.
Por encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado en el año 2012 a 36 meses de prisión.
Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.
Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.
Las autoridades desconocieron la situación socioeconómica específica de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su participación en las clases virtuales.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
Los beneficiarios también recibirán capital para crear un proyecto productivo viable.
De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 2145 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre importación temporal, hecho en Estambul, Turquía.
El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
Señalan los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación de los topes máximos de financiación.
En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.
No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.
El incumplimiento de uno redunda en los demás y ello habilita al consumidor a perseguir el cumplimento de uno o de otro.
Las comisiones económicas conjuntas revisarán la ponencia y debatirán el articulado.
La Corte encontró que eran tipos penales en blanco, en los cuales se encontraba justificada la remisión normativa a la regulación ambiental.
La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.
La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.
La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.
Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.
La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.
La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial versa frente a hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.
La capacidad legal y la de ejercicio deben presumirse y protegerse, sin que los jueces de la República puedan restringirla ni establecer discriminaciones de ningún tipo: Corte Suprema.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
La aerolínea habría recaudado cerca de $ 272.000 millones antes de anunciar el cese de operaciones.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
El abogado no debe sacrificar el deber de entregar a su cliente los dineros que le correspondían para ejercer su legítimo derecho a percibir honorarios: CNDJ.
Corte Suprema reiteró la necesidad de acatar las decisiones de los jueces de la República como elemento estructural de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay más de 500 personas en las cárceles condenadas por este delito.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.
No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.
La expresión “si es del caso” significa que la norma no impone a todas estas entidades la obligación de contar con revisor fiscal.
En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
La inmediatez se acredita demostrando con prueba sumaria o con indicios que la afectación de los derechos es continua y que el accionante ha desplegado actuaciones tendientes a buscar el amparo de sus garantías.
Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización afecta la actividad económica.
Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.
Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.
Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.
Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Consejo Superior de la Judicatura abre convocatoria para las secciones Primera, Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado.
Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.
La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.
La iniciativa beneficia a cerca de 5.000 mujeres que tienen condenas que no superan los ocho años.
La Corporación hizo el llamado al presidente Gustavo Petro tras sus cuestionamientos sobre decisiones de los tribunales.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
