Aunque cumpla elementos y características de este tipo societario, no es posible su inscripción en el registro mercantil.
Las expresiones demandadas estarían creando nuevas reglas de competencia.
Procede en proceso adjudicación judicial de apoyos a favor de personas con discapacidad que estén imposibilitadas para manifestar su voluntad.
La Ley 1150 del 2007 excluyó la presentación del Registro Único de Proponentes en casos de contratación directa.
No aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados con delincuencia organizada.
De acuerdo con el actor, la norma demandada vulnera el derecho a la igualdad.
Entre los protegidos están los magistrados del Tribunal para la Paz, los fiscales ante las salas y secciones y el Secretario Ejecutivo de la JEP.
Autoridades ambientales locales son competentes para determinar la tarifa para la tasa de control y manejo de la publicidad exterior visual.
“El acuerdo nacional es que los partidos del Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes para darle solución a problemáticas sociales concretas”.
Ordenan exhumación del cadáver y práctica de prueba de ADN para establecer posible equivocación en la entrega de los restos.
Hace unos minutos, el presidente otorgó poder al jurista Mauricio Pava para que lo represente.
El objetivo es ponerse al día con las 53 órdenes judiciales de actos de petición de perdón y compromiso de no repetición.
El alto tribunal busca actualizar el marco de procedimiento que rige en Colombia desde 1948.
Entregar premios como política de incentivos constituye un mecanismo que permite a la compañía incrementar ingresos.
El querer aplicar un sistema de monismo jurídico en materia de control fiscal es desconocer que en Colombia existe un conjunto de culturas con valores específicos.
Un tribunal canadiense decidió que este ‘emoji’ 👍 es un acuerdo contractual.
Dependiendo de la situación administrativa, el empleado encargado podrá recibir la diferencia salarial del alcalde.
La imposición de penas accesorias debe observar estrictamente lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal.
Ratifica compromiso con la reforma rural integral.
Hay violencia institucional cuando el operador judicial incumple su deber convencional y constitucional de administrar justicia con perspectiva de género.
No obstante, se garantiza la afiliación del recién nacido al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La normativa se centra en los principales factores por los que se declaró el estado de emergencia social y económico en el departamento.
Las cifras muestran que la mayoría de empleos en el país los generan las micro, pequeñas y medianas empresas, que son, además, más del 99 % del tejido empresarial colombiano.
Un aspecto llamativo del libro es que su público objetivo trasciende la comunidad epistémica de los juristas para abarcar también la ciudadanía en general.
La confianza en la justicia en Colombia debería ser como el hierro, pero en realidad es endeble, se resquebraja fácilmente y cuesta mucho repararla.
Ante los constantes asaltos al edificio constitucional, los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos y el control judicial de convencionalidad adquieren más importancia.
Los regímenes civil y comercial contienen sucintas diferencias en relación con las causales de nulidad absoluta del negocio jurídico.
Busca enfrentar la evasión tributaria en razón de los recursos que dejan de ingresar al fisco por esta actividad.
El desarrollo de estos contratos supone retos actuariales y tecnológicos que, en pleno siglo XXI, se encuentran disponibles en casi todas las latitudes.
El acto se realizó ayer el lunes, 31 de julio, en el Palacio de Justicia.
Son fijadas directamente por el legislador, so pena de vulnerar el principio de legalidad debido a su naturaleza tributaria.
El pasado 9 de junio, este proyecto de ley, cuya naturaleza es estatutaria, culminó su trámite en el Congreso de la República.
La condición de no tener en curso investigaciones administrativas migratorias originadas en su ingreso irregular al país o no tener en curso procesos policivos.
Existe ausencia de tipicidad, en tanto se mantiene el espectro de la configuración constitucional del libre desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos.
La sagrada misión del penalista y su lucha por el Derecho deben continuar, sin derrotismos ni desaliento.
Es correcto hablar de un derecho de acceso efectivo a la administración pública para la resolución de quejas o denuncias en materia de competencia.
La primera acción de grupo, una vez admitida, está favorecida por el pleito pendiente y, al ser decidida, por la cosa juzgada.
El interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario quedó en 28.75 %.
Esos giros son para las empresas de servicios públicos un pago por el servicio prestado a la población de menores recursos.
La fórmula de aumento de las mesadas superiores al salario mínimo permite mantener el poder adquisitivo sin afectar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
En ningún caso el personal asignado por la Policía Nacional podrá conducir los vehículos asignados al esquema.
Las sanciones deben ser proporcionales al daño que se genere.
El Consejo de Estado presentó una nueva obra sobre la jurisprudencia en materia de derechos humanos y DIH.
Este libro repasa el camino que se llevó a cabo para lograr que la oposición tuvieran más voz en el Estado colombiano.
Expertos comparten sus aprendizajes con la cada vez más consolidada digitalización de la justicia.
La intervención inmediata establece nueve ejes estratégicos, que funcionarán como un plan de choque para articular medidas urgentes.
El Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y Abogados sin fronteras Canadá establecerán la alianza.
No existe disposición constitucional o legal que impida el goce de las pensiones de manera concomitante.
La Procuraduría General de la Nación es competente para investigar y juzgar disciplinariamente a los funcionarios públicos, incluidos los servidores de elección popular.
La ARN administra los bienes y servicios necesarios para el proceso de reincorporación.
Jueces deben determinar afectaciones y beneficios derivados de la divulgación de la información solicitada y sus efectos sobre los derechos y bienes en disputa.
Salvo que lo haga en función de su cargo, el contrato se lo permita, lo haga en causa propia u obre como abogado de pobres.
La garantía del derecho de defensa se satisface, entre otras, con la asistencia del investigado o de su defensor de oficio.
Se vulneraron las prerrogativas del estudiante al no garantizarle un acompañamiento idóneo ni activar rutas de atención.
El daño se está generando por los procesos erosivos e impactos ambientales derivados del diseño de los descoles de la doble calzada.
Proveedores deben acreditar que dentro del personal cuentan con mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años.
La remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación.
La responsabilidad sobre el cumplimiento de la atención permanente, de protección y salvaguarda recae sobre las alcaldías.
El jefe de Estado envió una carta a la procuradora, Margarita Cabello, argumentando su decisión.
Se debe analizar si existe la posibilidad de hacer incurrir en error a la administración de justicia.
Se ha gestado una suerte de desidia del saber disciplinar a nivel penal respecto a la ‘realidad’ latinoamericana.
Eduardo Behrentz Valencia, uno de los directores del programa, revela los detalles de esta iniciativa.
Las conductas restrictivas de la libre competencia no involucran a funcionarios públicos de la Gobernación del Cauca.
Se dará prioridad a las mujeres campesinas, los jóvenes, las víctimas de la violencia y los reincorporados.
La idea de recuperar los derechos laborales que el Gobierno de Uribe desmontó, en 2002, es justa y urgente.
La normativa no establece el procedimiento que se debe seguir para la notificación personal del comparendo.
El aporte de verdad plena a que están obligados los comparecientes ante la JEP contribuirá a los procesos de investigación.
¿Qué avances y retos reflejan los litigios promovidos en Latinoamérica para revertir los efectos ecológicos y sociales de la crisis climática?
El Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y progresiva la creación de tribunales y juzgados agrarios rurales.
El disciplinado puede asumir otras actividades mientras cumple la sanción impuesta por la CNDJ.
El objetivo es permitir que la selva recupere su frontera natural.
Para la vinculación de personas a la administración pública que practiquen profesiones en las que se exija la presentación de tarjetas profesionales existirá este requisito.
En la circular se estipulan aspectos a tener en cuenta sobre traslados, vacantes temporales y el aplicativo Sistema Maestro.
La Fiscalía profiere actuaciones judiciales en ejercicio de su función constitucional como titular de la acción penal.
Daría cumplimiento a fallo del Consejo de Estado que exige reordenamiento minero para proteger ecosistemas del país.
Empresas de servicios públicos domiciliarios pueden celebrar acuerdos de pago, pactos de refinanciación u otros compromisos.
El Gobierno busca pasar del enfoque de administración de tierras al de una administración del territorio, teniendo en cuenta las particularidades del país.
En el seminario ‘La consulta previa en el marco de la Paz Total’ se anunció que se dará un giro a la política de drogas.
Se negó la solicitud de suspensión provisional formulada contra varios preceptos de la Ley 2272 del 2022, por no cumplir requisitos mínimos.
No se excedieron los límites de razonabilidad y proporcionalidad con la exigencia de posgrados específicos para ocupar los cargos.
La Corte Constitucional realizó la revisión de la Ley 2263 de 2022, aprobatoria del tratado.
A pesar de la autonomía administrativa, las entidades públicas de todos los niveles deben acatar lineamientos y generalidades.
Su reconocimiento y pago obedece a criterios legales, sin importar la jornada laboral que tenga asignada el empleado.
En materia de tránsito no se habla de derechos adquiridos para los conductores en relación con la vigencia de las licencias de conducción.
Los ciudadanos deben asumir cargas en virtud del principio de solidaridad, con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la seguridad social para el beneficio de toda la población.
En el ámbito legal, es necesario también plantear regulaciones específicas que desarrollen las protecciones constitucionales de los animales rescatistas.
El artículo 125 superior dispone que los empleos públicos son de carrera, excepto, entre otros, los de libre nombramiento y remoción.
Régimen especial de las fuerzas militares debe otorgar un nivel de protección igual o superior al del régimen general de pensiones.
Incapacidad de resistir es estar en condiciones que no permiten comprender esa actividad sexual o prestar consentimiento para ello: Corte Suprema.
La Corte adelantó el control de constitucionalidad oficioso del convenio y su ley aprobatoria.
La falta a la honradez se configura cuando se retiene y no se entrega a la mayor brevedad los documentos entregados al abogado para adelantar su gestión: CNDJ.
La Sala Civil negó la tutela que pedía que se admitiera la demanda para el reconocimiento de hija de crianza al considerar que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad.
Comisión Nacional de Disciplina Judicial recuerda que el objetivo del aparato disciplinario no es interferir en las actuaciones del juez natural.
Aunque se vinculó a un trabajador con distintos contratos por 17 años, en realidad siempre se trató de un único contrato a término indefinido: Sala Laboral.
A partir del nacimiento del menor el ICBF no demostró el abandono del recién nacido o que estuviese en condiciones de vida no apropiadas.
Renuncia del embajador es obligatoria cada vez que se genera un cambio de mandato presidencial.
La Ley 2294 del 2023 reafirmó esta apuesta de participación, con las asociaciones público populares.
Corresponde a cada contribuyente y responsable del IVA evaluar y determinar en cada caso particular la normativa tributaria.
El participante dentro de un concurso de méritos tiene la carga de acreditar en forma fehaciente su experiencia.
La Corte Constitucional realizó la revisión oficiosa de la Ley 2090 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Tratado de Marrakech.
Variación de la calificación jurídica en la sentencia procede siempre que se trate de un delito de menor entidad, respete el núcleo fáctico de la imputación y no implique afectación de derechos.
Se deben superar las barreras burocráticas y se requiere un enfoque que promueva la igualdad de armas, garantías procesales sólidas y una justicia premial efectiva.
El artículo 181 de la nueva normativa prevé una ampliación de la jornada electoral. De esta forma, las votaciones se cerrarán a las 5:00 p. m.
La información de la historia laboral debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible.
El programa de educación para adultos no es una sanción para quien no cumpla con sus compromisos académicos en la educación regular: Corte Constitucional.
El banco financiará programas y proyectos de inversión de alta calidad y envergadura que sean trazables y evaluables.
Si se trata de hacer justicia, el pago de esos intereses generados por la morosidad judicial debería asumirlo el Estado.
El alto tribunal constitucional tiene para su estudio la demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
Con estas actividades, Acofade brinda un nuevo espacio a los estudiantes y a los profesores, para que puedan aprender y practicar el Derecho de otra manera.
El autor desarrolla el principio del mérito incluyente como un pequeño aporte para saldar las deudas del Estado en materia de ingreso al servicio público.
Teniendo en cuenta la disminución gradual, serán ajustadas proporcionalmente y de común acuerdo entre trabajador y empleador.
Negar la posibilidad de audiencias virtuales en los juicios a las víctimas es negar una visión más amplia del derecho a la no confrontación de las mujeres con el presunto agresor.
Por su efecto de “cuello de botella” sobre los demás sectores de la economía, el transporte público es uno de los asuntos de Estado más importantes y desafiantes de la actualidad.
Sin duda, para la ciencia jurídica, esa ‘identidad virtual’ genera desafíos a la hora de comprenderlos, subsumirlos, incorporarlos o reglarlos.
97 personas fueron inadmitidas, en la mayoría de los casos no aportaron la documentación requerida.
La normativa no prevé ninguna causal de inhabilidad para acceder al cargo de concejal para quienes son pensionados.
Una cuestión que hasta ahora se empieza a debatir es el valor de la hora de trabajo, que es un efecto no previsto, al menos no de forma expresa, en la Ley 2101 del 2021.
La Sala Plena se pronunció sobre las recusaciones contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y la realización de la audiencia pública para el estudio de las demandas contra la Ley 2272 del 2022.
Administradoras de pensiones no pueden imponer requisitos para el reconocimiento de las prestaciones de la seguridad social distintos a aquellos previstos por las normas.
Declaran nulas algunas disposiciones del decreto único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía.
El aspirante deberá adherirse de manera expresa a un manual de ética, que será expedido por la Supersociedades.
Ambas partes acordaron mantener un lenguaje respetuoso en el marco del cese al fuego bilateral y de las conversaciones de paz.
Las obligaciones se extinguen y sustituyen por otras nuevas que son insertadas en el acuerdo que en forma libre pactan las partes.
La Corte Constitucional encontró que la ley aprobatoria del tratado incumplió el análisis de impacto fiscal que era exigible.
Obligación del trabajador de pagar una indemnización de 30 días de salario por renunciar de forma intempestiva fue eliminada.
El acuerdo fue suscrito por primera vez en agosto del 2014 y suspendido durante el gobierno de Iván Duque.
ÁMBITO JURÍDICO habló con expertos para conocer su opinión sobre la decisión del alto tribunal internacional y sus alcances.
En atención a que la gravedad de los hechos investigados tuvieron trascendencia social y generaron graves perjuicios a la administración de justicia.
El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia se refirió a los avances de la ‘Paz Total’ durante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El Consejo de Estado advierte que se puede vulnerar el derecho al debido proceso.
Consejo de Estado explicó que la configuración de dicha causal ocurre al momento de la destinación de los dineros.
Se instó a la EPS abstenerse de negar el reconocimiento y recordó que la licencia parental cumple la función de garantizar el derecho del cuidado de un menor de edad.
Esto no implica la terminación del proceso, ni anticipa el sentido de la sentencia.
Corte ampara derechos de indígena de la comunidad Embera Katío, quien resultó herido con mina antipersonal en labores de erradicación de cultivos ilícitos en Antioquia.
De ser así se estaría incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
El suministro de servicios de transporte intraurbanos por parte de EPS en menores diagnosticados con algún déficit cognitivo hace parte del derecho a la salud: Corte
Establecimiento de faltas y sanciones disciplinarias en el sector privado debe estar dispuesto en el reglamento interno de trabajo.
El medio de control procedente en contra del Fosyga es el de nulidad y restablecimiento del derecho.
El llanto en una menor puede ser indicio de que está siendo maltratada, pero debe demostrarse al menos causalmente que sea evidencia de su angustia emocional.
Contrario a las vacaciones disfrutadas, en las que en los 15 días hábiles consecutivos se incluyen sábados, domingos y festivos.
Esa clase de aspectos no deben tener cabida en la discusión, por lo impertinentes que resultan para la investigación disciplinaria.
Es necesario debatir si el principio de consensualidad sigue siendo relevante en un entorno en el que la tecnología y la automatización ha cambiado la forma en que nacen, negocian y ejecutan los contratos.
La propiedad horizontal puede ser considerada como usuaria única frente a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.
El control del ente jurídico lo tienen única y exclusivamente quienes ejercen la patria potestad sobre el menor.
Los magistrados Paola Meneses y José Fernando Reyes le pidieron al alto tribunal que revise la primera tutela fallada en Colombia con uso de la inteligencia artificial.
Dicho pago no representa una contraprestación directa del servicio.
Los accionantes consideran que la nueva regulación sobre accidentes de tránsito que generan solamente daños materiales quebranta el deber de protección que corresponde al Estado.
El empleado público puede ejecutar trabajos con entidades privadas, siempre y cuando lo haga por fuera de la jornada laboral.
Adicionalmente, se vulnera el principio de oportunidad en la prestación de servicios de salud.
El desarrollo del fuero laboral de paternidad ha sido jurisprudencial por parte de la Corte Constitucional.
Para la Corte Suprema, los comportamientos delictivos del ciudadano ocurrieron y están siendo juzgados en Colombia y las víctimas son colombianas.
Mintransporte actualizó reglamentos técnicos vehiculares a través de una armonización con estándares de EE UU y con los reglamentos de la ONU.
Estas empresas deben de expedir la licencia de explotación comercial, la presentación de un seguro de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.
Para mutar el sentido material de la decisión contenida en un acto administrativo se debe obtener el consentimiento expreso y escrito del destinatario del acto.
Colombia ve en la Celac un espacio oportuno para consolidar la integración regional de los países de América Latina y el Caribe.
Al no precisar el término de las notificaciones, la comunidad aduanera estaba en desventaja para reaccionar a tiempo frente muchos casos de decomisos y multas onerosas.
El alto tribunal podría pronunciarse sobre la interpretación exegética de la expresión contenida en el literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que no se acreditaba la antijuricidad de la falta atribuida a la abogada investigada, pues existía justificación válida para la aceptación del mandato profesional.
Varias reformas constitucionales dan cuenta de un proceso de control central de la distribución y destinación de los recursos con los que se financia el ejercicio de las competencias de las entidades territoriales.
Corte explica test de procedencia que flexibiliza el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de prima media con prestación definida.
La norma excluye la designación discrecional por parte del gobernador de los alcaldes en casos como el estudiado.
La libertad de empresa permite al empresario su organización como lo desee para el cumplimiento de los objetivos empresariales.
Adicionalmente, vulnera el derecho al debido proceso del interesado.
Corte recordó el deber de las universidades e instituciones de educación superior de garantizar que el derecho a la educación se ejerza en espacios libres de acoso, violencia y discriminación.
La Corte Suprema se pronunció sobre la procedencia excepcional de la acción para cuestionar el acuerdo que ordena a la accionante prestar apoyo de manera transitoria a otro juzgado.
Fue ampliada por la Ley 2114 del 2021 y pasó de ocho días hábiles a dos semanas, las cuales se entienden calendario.
El Ministerio Público deberá pagarle al exsenador los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro.
No es posible modificar el título ejecutivo, dado que cuando este ha cobrado ejecutoria la sentencia judicial entra al patrimonio del acreedor y este derecho no puede ser menoscabado por interpretaciones posteriores.
El pasado 14 de junio, el Congreso aprobó el acto legislativo que modifica el artículo 138 de la Constitución Política.
No se cumple con el requisito de presentación personal cuando muere el mandante antes de la presentación de la demanda.
Delegados de la Convención Nacional Campesina entregaron su propuesta para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Asuntos Campesinos.
La Corte Constitucional declaró inexequibles los apartes de la Ley 734 del 2002 que permitían estas anotaciones.
La alta corte dará su última palabra en la sentencia que ponga fin a la controversia.
Las comisarías de familia deben establecer el régimen de visitas virtuales dentro de un proceso de restablecimiento de derechos cuando exista distancia física con sus padres.
La transición energética que se traduce al día de hoy en soluciones energéticas bajas en emisiones de Co2 se puede desplegar con nuevas técnicas de regulación.
En la discusión se omiten, deliberadamente, los matices, excepciones y detalles jurisprudenciales que no convienen para el discurso imperante.
La mujer estaba embarazada al terminarse el vínculo contractual y se logró acreditar que la empresa conocía su estado al momento de terminarse el contrato.
El control disciplinario sobre los servidores públicos se ejerce en dos niveles: con un control interno y uno externo.
El alto tribunal constitucional señaló que el Hospital San Juan de Dios de Cartago, Valle, deberá diseñar un plan de formación preventivo de la violencia obstétrica.
La iniciativa tiene por objetivo ofrecer apoyo agropecuario a las familias con situación de hambre en zonas cocaleras.
Si el conductor del vehículo se dirige a recoger a la persona beneficiaria en determinado lugar no podría ser sujeto de sanción.
El acto administrativo de la DIAN vulneró el derecho de defensa del contribuyente por no haber concedido los recursos en sede administrativa.
El Gobierno demostró su compromiso con duplicar el presupuesto para el sector agrícola y el desarrollo rural.
La Sentencia C–064 del 2021 de la Corte Constitucional ratifica la función administrativa sancionadora que cumplen estos tribunales.
Las personas transgénero tienen derecho a ser valoradas de manera adecuada y completa y a obtener la información pertinente que les permita conocer los procedimientos y tratamientos para lograr la respectiva afirmación de sexo.
La normativa reglamenta el tratamiento de dividendos y participaciones en materia de impuestos y retención en la fuente.
Nuestras disposiciones de la responsabilidad civil por producto defectuoso no están dictadas en clave de consumidor, sino de persona y afectado (o víctima).
La norma no prevé que la consecuencia de la omisión de envío del memorial al correo electrónico de la contraparte constituya causal de inadmisión del recurso.
La opinión del médico tratante adscrito a la EPS es el principal criterio para determinar los insumos y servicios que requiere un paciente.
Los mecanismos de resolución de conflictos aparecen en escena para coadyuvar a la administración de justicia, pero también se han convertido en más que una alternativa.
Se trata de un atributo de su personalidad jurídica y, como tal, es inalienable, intransferible e inembargable.
Cuando no medie contrato estatal, el medio de control procedente es el de restitución de inmueble: Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El acuerdo regirá entre el 3 de agosto del 2023 y el 29 de enero del 2024.
La sentencia de la Corte Constitucional le devuelve la autonomía al Consejo Superior de la Judicatura.
Ejercen gestión fiscal quienes tienen a cargo el manejo de bienes, recursos o intereses patrimoniales de naturaleza pública.
Cada asamblea tendrá mínimo 11 y máximo 31 diputados, dependiendo del censo poblacional.
La garantía mínima de calidad e idoneidad también se suscribe al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.
Se corroboró que la corporación accionada resolvió la cuestión de acuerdo a la norma aplicable y la valoración de las pruebas garantizó las garantías de las partes.
El juez natural de los empleados de las entidades adscritas o vinculadas a la Fiscalía General de la Nación varía en función de la fecha en que hayan cometido la conducta objeto de investigación y juzgamiento.
El pasado 28 de junio, en la Universidad Externado de Colombia, se analizó el estudio sobre el ejercicio profesional de los abogados en Colombia.
