Se necesita la reforma laboral pero con política industrial

Jennifer Pedraza

Representante a la Cámara por Bogotá

En el Congreso se esperaba que el 20 de julio el Gobierno presentara nuevamente la reforma laboral, con la expectativa de que ahora sí se discuta, especialmente haciendo énfasis en cómo materializar los fines perseguidos. Para ello, el principal esfuerzo que debe realizar el Ejecutivo es acompañar a la reforma de una política de reindustrialización para fortalecer a las empresas colombianas, especialmente a las Mipyme.

La idea de recuperar los derechos laborales que el Gobierno de Álvaro Uribe desmontó, en 2002, es justa y urgente. Igualmente, es loable promover mecanismos para fortalecer la cultura sindical en Colombia, país con una pobrísima tasa de sindicalización, que no alcanza al 5 %, y en el que defender los derechos laborales es sinónimo de ejercer una actividad de alto riesgo para la vida y la integridad. 

Más allá de ser un simple tema reivindicativo, la evidencia corrobora que la reforma de Uribe no logró sus supuestos objetivos. Estudios demuestran que la excusa de flexibilizar las condiciones laborales no redundó en la creación de los empleos prometidos. También prueban que en vez de aumentar el empleo lo que se aumentó fue la jornada de trabajo. Los y las trabajadoras perdieron con cara y con sello.

Es acertado retomar la jornada laboral nocturna desde las 6 p. m. y que el recargo nocturno se cause desde esa hora, que los días de descanso sean reconocidos con un recargo de salario del 100 % y que se aumente la base de días sobre la que se indemniza el despido sin justa causa.

También es positivo que se regulen nuevos escenarios del mundo laboral, que ante la falta de normas incurren en la precarización. Se trata de los contratos de trabajo sin exclusividad en plataformas digitales como Rappi; que los y las deportistas tengan relaciones laborales y no de esclavitud; que haya reglas para la remuneración de trabajo del empleo doméstico o que las empresas y sindicatos asuman la obligación de contar con protocolos de prevención, atención, reparación y no repetición de violencias basadas en género y mecanismos de paridad.

Ahora bien, todo lo anterior tiene un impacto en los costos de producción de las empresas que no se pueden ignorar. Pero reconocer esta realidad no puede llevarnos a concluir que la productividad se debe soportar en reducir las garantías laborales de los y las trabajadoras. Por el contrario, es deber del Gobierno buscar alternativas para reducir los costos no laborales de las empresas, compensando así las nuevas cargas que vendrán producto de la reforma laboral. Veamos unos ejemplos.

Desde la campaña, Petro prometió una política de reindustrialización del país. El Ministerio de Comercio había anunciado que dicha política se publicaría en marzo, pero no se ha dado a conocer. La reindustrialización debe buscar mecanismos de compras públicas del Estado a empresas locales; aportes a capital semilla para nuevas empresas y aumento de los actuales subsidios a la nómina, los encadenamientos productivos y la internacionalización de las Mipyme.

Asimismo, el Gobierno podría adoptar una tarifa diferencial de renta para las Mipyme, empresas que representan el 99 % del tejido empresarial del país y que crean algo más del 80 % del trabajo formal. Reducir los costos tributarios para las empresas de menor tamaño sería dar aplicación al principio constitucional de progresividad en materia tributaria y un alivio para la producción.

En suma, el debate sobre la reforma laboral debe estar acompañado con un debate sobre cómo aumentar la productividad y competitividad del país en el mercado internacional. Colombia no saldrá adelante si creemos que la dignificación del trabajo se soporta en desconocer las necesidades empresariales omitiendo las sinergias necesarias entre el capital y el trabajo para salir del subdesarrollo.

En medio de estrategias cuestionables de la oposición para impedir la discusión se cayó la reforma laboral por falta de cuórum y tiempo para debatirla. Tal vez lo más grave no fue el resultado, sino que el Congreso no tuvo la oportunidad de discutir el fondo de la propuesta, escuchar críticas, revisar alternativas y explorar posibles escenarios de encuentro. Ojalá esto pueda darse en la presente legislatura.