La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La Corte consideró injustificable el actuar de la EPS, al negar el acceso a insumos y servicios médicos solicitados que ya hacían parte del PBS.
Protegen derecho a la igualdad de la accionante, otorgándole el mismo trato jurídico dado a los demás demandantes dentro de un proceso ordinario laboral.
Resulta adecuado valorar tanto el estado de salud como la condición económica del paciente y su núcleo familiar para determinar si se amenazan sus garantías fundamentales.
EPS vulneró el derecho al mínimo vital y la vida digna de una ciudadana al negarse a pagar las incapacidades causadas con posterioridad al día 540: Corte Constitucional.
El tutelante será responsable de la permanencia de la canina en las instalaciones de su lugar de trabajo y de cualquier daño ocasionado a las personas, los bienes y la infraestructura.
La Corte Constitucional precisó sobre el cumplimiento de los deberes de debida diligencia y de transparencia en los contratos de seguros.
Corte Suprema se pronunció sobre quien recae la competencia para autorizar la visita cuando la víctima ha sido un menor de edad.
En persona diagnosticada con enfermedades crónicas también se suma la capacidad laboral residual.
Hizo un llamado a la Registraduría para que releven de la obligación de comparecer como jurado de votación a quienes demuestren oportunamente practicar el Sabbat.
El juez de tutela no puede inmiscuirse en las competencias propias de la Administración, indica el salvamento de voto.
Analizó la constitucionalidad de la Ley 2106 del 2021, aprobatoria de tratado internacional.
Incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento da lugar a multas, suspensión o cancelación de la habilitación.
La Corte Constitucional declaró exequible el inciso 2° del artículo 147 del Estatuto Tributario.
La presunción de buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.
Instan a todos los países a ratificar el Convenio 190, que reconoce el derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso.
No hay certeza de que el acceso a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privados por prevención contribuya a disminuir conductas delictivas: Corte Constitucional.
El 30 % se cumple nombrando dos mujeres, por lo que la renuncia de Carolina Soto se debió proveer con el nombramiento de otra mujer.
Reconocidos juristas analizan las declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá en las que responsabiliza a los jueces del país por la impunidad e inseguridad en las ciudades.
En los casos de responsabilidad objetiva el demandado solo puede exonerarse acreditando una circunstancia que rompa el nexo de causalidad.
Diputado no incurrió en indebida destinación de dineros públicos por haber participado de la deliberación, votación y aprobación que creó una tasa pro deporte y recreación departamental.
Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.
En el caso bajo estudio, transcurrió un término que superó el máximo legal, lo que genera mora y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
La magistratura no agotó la etapa de calificación provisional de la conducta, por cuanto no formuló cargos a los disciplinados.
Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.
Es permitido a los jueces adoptar cualquier medida que consideren necesaria y ajustada a derecho para garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer.
No tiene expresamente asignada tal competencia en la Constitución, pues existe un fuero para su investigación y juzgamiento.
Consejo de Estado precisó el debido proceso en un recurso presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no ha sido resuelto.
La entidad optó por no reconsiderar el traslado del servidor, a pesar de que el accionante manifestó que afectaría sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.
Cobro de servicios de saneamiento básico, alcantarillado y aseo se realiza de manera conjunta con aquellos que pueden ser suspendidos.
Se trata del régimen de apoyos que garantiza los derechos al derecho al debido proceso y a la igualdad de las personas con discapacidad en el marco de procesos judiciales.
El daño derivado de un acto terrorista es causado por el hecho de un tercero, por lo que en principio no es imputable al Estado. Sin embargo, el Estado debe responder si se demuestra su omisión frente a hechos que eran previsibles y resistibles.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.
Corte Suprema precisó el proceso expropiación, sus elementos y a quiénes se dirige.
En el contexto nacional, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido pionero en la implementación de la mediación como un medio idóneo para resolver conflictos relacionados con diferentes ámbitos.
Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.
El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.
La eliminación de la información no tiene como presupuesto el pago de la obligación en mora o que esta se haya extinguido.
El principio de favorabilidad legal está contemplado a nivel constitucional y legal: Corte Suprema.
Los principios de solidaridad e interés superior del menor obligan a brindar atención médica prenatal sin imponer barreras.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el desconocimiento del pueblo raizal en la consulta previa para la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina.
La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Se encontró que la manera en la que se está prestando el servicio de transporte escolar vulnera el derecho a la educación en el componente de accesibilidad y es una amenaza a los derechos a la vida, integridad física de los menores de edad.
La medida se mantendrá hasta que quede en firme el acto que decida sobre la responsabilidad contravencional.
Entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
Se pueden definir áreas optativas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional.
Cuando está acreditado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue ni ilegal, ni arbitraria y ni desproporcionada.
En razón a que son personas destinatarias de especial protección por razón de su identidad de género y de la privación de su libertad.
Esta clase de información pasa a ser de interés público con base en el principio de publicidad de la función administrativa y el deber de información del que son titulares las entidades públicas.
Derecho a la salud no puede ser entendido únicamente en el sentido de contar con unas condiciones básicas para garantizar la mera existencia de la persona.
De acuerdo con la Procuraduría, tres entidades del Gobierno aún no han liquidado, como se ordenó, todos los contratos suscritos con la Ley de Garantías, los cuales superan los $ 45 mil millones.
La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2088 del 2021, a través de la cual se habilita el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.
La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
No se demostraron los presupuestos necesarios para configurar la modalidad de doble militancia.
El proyecto de norma estará disponible para comentarios hasta el próximo viernes 18 de noviembre.
Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la norma de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
Corte Constitucional rechaza la vulneración de un fondo de pensiones al negar el reconocimiento de la pensión por un hijo en situación de discapacidad.
Se cuestionaron las actuaciones de los jueces de instancia al haber establecido requisitos biosanitarios más estrictos para las visitas presenciales a las personas privadas de la libertad.
El convocante del llamamiento en garantía tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar las actuaciones que estén a su disposición para lograr la notificación por parte del juez.
No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.
Pronunciamientos sobre la restricción injustificada del derecho a la intimidad y a la libre circulación al exigir carné de vacunación.
La Corte Constitucional ordenó expedir protocolo para tramitar visitas íntimas de privados de la libertad sin distinción de orientación sexual o identidad de género diversas.
No se evidencia la existencia de una carencia actual de objeto por daño consumado, pues se mantiene la vulneración de los derechos fundamentales a la participación democrática, al voto y a la igualdad de las personas y comunidades indígenas.
Explican cuándo los pagos que no tienen por finalidad retribuir el servicio no podían ser considerados como compensaciones extraordinarias a efectos de integrar el IBC.
El proceso educativo del alumno con discapacidad debe garantizar el principio de progresividad, es decir, se debe velar por el avance del estudiante dentro de sus posibilidades particulares y el contexto social de su familia.
Precisan el principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio.
La práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las que se le presentan dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables.
Conozca la agenda del Ejecutivo en el Congreso para lo que queda del año.
Si bien la norma otorga la facultad de elegir cómo efectuar el rembolso, ello no suprime el derecho de elección del consumidor.
Se analizará la libertad de expresión, de género y la curación de contenidos en redes sociales, así como el derecho al trabajo en las mismas.
De acuerdo con el demandante, se vulnera el debido proceso.
Algunas actividades no son determinantes para establecer que el servicio de gestión de inmuebles se presta en esa jurisdicción.
El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicional de la norma.
La demandante pide la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el plazo de entrada en vigencia sea de ocho años y no de dos.
Ejército debe atender oportunamente las solicitudes para resolver la situación militar.
La medida analizada tiene una finalidad legítima, relacionada con la eficiencia del sistema tributario, al incentivar el pago oportuno de obligaciones, así como la ampliación y mejora del recaudo.
Sería desproporcionado exigirle a un profesional del Derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo cuando en materia laboral se garantiza al trabajador un permiso remunerado.
El INPEC deberá garantizar los medios tecnológicos y técnicos necesarios para la asistencia y participación efectiva de las personas privadas de la libertad en toda la jornada de la sesión técnica que se realizará de manera virtual.
En una escala de 1 a 100, la Corte Constitucional obtuvo 70 puntos.
Durante el holocausto logró ser recuperado por el magistrado Hernando Baquero Borda (Q. E. P. D.)
Para los demandantes existe una omisión legislativa relativa por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
Se protege ‘habeas data’ de persona que luego de 16 años tiene una anotación en la página de la Rama Judicial, lo que da a entender que el proceso penal está vigente y no ha culminado.
El cambio del medidor se podrá efectuar cuando se determine que está por fuera del rango de error admisible.
Por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y debido al goce precario de los derechos sociales de los que son titulares.
Debe hacerse una evaluación integral de la situación social y médica de los afectados, teniendo en cuenta la totalidad de la histórica clínica, conceptos, diagnósticos y dictámenes adicionales sobre su patología.
Los concursos de méritos deben ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional.
Las asambleas departamentales no pueden, mediante el ejercicio de control político, impedir o poner en riesgo la objetividad con que las contralorías departamentales ejercen sus funciones constitucionales.
Las notificaciones no se hacen de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPLSS).
La medida cuestionada no desconoce la Constitución porque busca una finalidad importante, el interés general, y es idónea para alcanzar la finalidad perseguida.
La Sala Plena concluyó respecto del primero de los cargos que careció del requisito de certeza y que con el segundo no se cumplieron los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia.
La asamblea deberá determinar cuáles decisiones representan un desembolso, para aplicar el coeficiente y voto porcentual.
La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.
Los artículos 10 y 11, sobre el servicio social para la paz, se mantienen.
El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.
En junio del 2023 se vencerían más de 4 millones de licencias, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Anti Trámites.
Entre las iniciativas se encuentran las reformas tributaria, política y a la Ley de Orden Público. Descargue los últimos textos.
En el caso bajo estudio, el escrito no cumplió con la mínima carga procesal de sustentar lo pretendido.
La declaratoria se ejecutará con los recursos sobrantes del presupuesto del 2022 que los diferentes ministerios ya no ejecutarán.
Esta ley tendrá una implicación positiva y relevante en el tráfico económico entre los países miembros (Colombia, Chile, México y Perú).
No está dentro de sus facultades tomar ese tipo de determinaciones sobre las vacantes a proveer cuando hay lista de elegibles.
La autonomía e independencia judicial inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto señalando una determinada tesis o interpretación del contexto jurídico.
Depósitos a través de los cuales se captan recursos pueden estar asociados a uno o más instrumentos o mecanismos.
Se entregaron casas incompletas e incapaces de proteger a los habitantes ante un nuevo huracán.
Normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas.
Directrices, pautas, medidas o sanciones previstas en el manual de convivencia deben responder al derecho de defensa.
Las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias.
Para el momento en que el accionante estuvo vinculado a la comunidad como religioso no se había determinado la obligación de afiliar como trabajadores independientes a los miembros pertenecientes a iglesias o comunidades religiosas.
No desconocen el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
Ayer miércoles, se radicó ante la Cámara la solicitud, firmada por 35 representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
Al verificar la aptitud de los cargos presentados en las dos demandas acumuladas, la Sala Plena encontró que tenían ineptitud sustantiva.
La expresión acusada genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria.
El proyecto radicado por los senadores Humberto De La Calle, Fabián Díaz, Iván Name y Angélica Lozano busca eliminar gradualmente esta obligación.
La regla fijada garantiza el derecho de acceder a cargos públicos, el principio de eficacia del voto y el principio ‘pro homine’, sin renunciar al deber de realizar los objetivos que se adscriben al régimen de inhabilidades.
Si a la fecha prevista para un pago el municipio no cuenta con recursos, puede acudir a los créditos y honrar sus obligaciones.
Empleados de carrera tienen derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.
Aún no se ha regulado la aplicación de dicha prueba de conocimientos, ni se han programado fechas.
Cuando la información que se encuentran en documentos genera un daño al derecho a la intimidad de una persona está exceptuada de publicarse.
Si bien la regla general es la inembargabilidad, tiene excepciones cuando se trata de sentencias judiciales con miras a garantizar la seguridad jurídica.
Sin perjuicio de otras actuaciones administrativas como la suspensión y corte del servicio y/o la terminación del contrato.
También debe dar contestación a las peticiones que eleven los sujetos procesales o intervinientes en las actuaciones judiciales.
Estos servidores administran justicia por mandato legal.
Fue aprobada en primer debate la iniciativa que busca la paridad en cargos de dirección de todas las ramas del poder público.
Nuevamente se tramita en el Legislativo un proyecto con estas características.
En la enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o de interés social no cabe la rescisión del contrato por lesión enorme.
Este beneficio se otorgará por única vez y no se aplicará a quienes hayan incurrido en delitos graves.
Se deben analizar las condiciones del solicitante, así como la existencia de una capacidad laboral residual, para de esta manera determinar el momento desde el cual deberá realizarse el conteo de las 50 semanas.
Continúa investigándolo por los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado.
Las facultades del juez encuentran un límite fundado en el respeto del debido proceso y el derecho de defensa.
Funcionarios de la Contraloría están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos en general.
Constituye un acto discriminatorio sobre el origen familiar y la orientación sexual.
Consejo de Estado vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de Colpensiones, debido a que desconoció la jurisprudencia vinculante sobre topes pensionales.
Cuando la persona ya no se encuentra vinculada al proceso penal puede acceder a la anonimización.
No por el hecho de haber laborado para el Estado se adquiere la calidad de empleado público, dada las condiciones especiales que se predican de dicha vinculación.
La junta especial de calificación de invalidez de aviadores es competente para calificar el origen de la pérdida de capacidad laboral (PCL) de los aviadores civiles.
De acuerdo con el actor, la norma acusada viola el derecho al debido proceso, a la justicia y trasgrede el principio de independencia e imparcialidad judicial.
El “pase jurídico” no es el único medio para dar fe de la autenticidad del documento, pues los internos tienen a su alcance posibilidad de enviar la correspondencia por otros cauces.
El principio de solidaridad que le asistía al Estado para con su servidor público desaparecido forzadamente, específicamente, se trata de un delito de lesa humanidad.
La muerte digna es entendida como un derecho autónomo, compuesto por dos dimensiones: la dignidad humana como presupuesto esencial del ser humano y la autonomía personal.
De acuerdo con el actor, la norma es discriminatoria porque entiende por compañero o compañera permanente a la persona de sexo diferente que haya hecho vida marital con el funcionario durante un lapso no inferior a dos años.
Dicha responsabilidad puede configurar la responsabilidad civil de la Administración y la del mismo funcionario.
Una interpretación contraria llevaría al absurdo de privilegiar al empleado provisional sobre los empleados con derechos de carrera.
La Corte Constitucional exhortó al Gobierno y al Legislativo para que regule la reproducción humana asistida con un enfoque de género.
De acuerdo con el actor, se vulnera el derecho a la igualdad y al trabajo.
Ante los presidentes de la Cámara y el Senado, el Gobierno presentó el proyecto de ley con el que cumpliría una de sus promesas de campaña.
La Ley de Garantías Mobiliarias no derogó la prelación legal de créditos, pero sí creó una nueva especie de acreedor.
El Senado de la República acaba de elegir al remplazo de Gloria Stella Ortiz Delgado.
En consideración a que dicho principio no puede sobreponerse sobre la buena fe objetiva y el deber de respetar los mandatos imperativos que establece la ley.
La medida es efectivamente conducente y necesaria, pues satisface eficazmente el fin que persigue y, por otra parte, no existen otros medios menos lesivos que conlleven el cumplimiento del aludido fin.
Irregularidades en su vinculación y desvinculación justifican que como mínimo se le brinde una protección básica de la estabilidad laboral reforzada por su accidente.
Precisan el verbo injuriar en las faltas contra el respeto debido a la administración de justicia.
De acuerdo con la cartera, aún no se ha adelantado nada sobre este tema, ya que espera realizarlo de manera concertada con la comunidad y uniformados.
Reiteran el exhorto a regular ampliamente el derecho fundamental a acceder a una reparación integral en casos de este tipo de violencia.
Esta sanción desestimula la interposición de un recurso para controvertir decisiones judiciales relativas a los derechos de los trabajadores: Corte Constitucional
Corte Suprema aclara el sentido del artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia, acerca de la exclusión por inimputabilidad del menor entre 14 a 18 años.
Según informó el Ministerio del Trabajo, los congresistas demócratas se mostraron satisfechos frente a los planteamientos.
Se acusa el artículo 179 del Código General del Proceso, por infracción al principio de igualdad.
Previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República también lo puede hacer.
Corte Constitucional enfatiza la procedencia de la estabilidad laboral reforzada cuando la disminución en la salud impida o dificulte desempeñar un trabajo.
A la iniciativa le restan siete debates adicionales para convertirse en ley.
Corte cita a sesión que pretende lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de esta población.
Corte Constitucional advierte que las fuerzas militares no pueden desvincular a sus integrantes por una pérdida de capacidad laboral menor al 50 %, sino que deben ser reubicados.
La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios citó para hoy martes a la primera reunión.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993.
Obligación del Estado de aplicar un enfoque diferencial para la protección de los derechos de los líderes y lideresas sociales, por su condición de sujetos de especial protección constitucional.
A la respectiva entidad le asiste la carga de demostrar que los ingresos percibidos corresponden a fondos provenientes del régimen contributivo o subsidiado.
La congresista Lina María Garrido, al ser hija de padres colombianos y, además, haber sido registrada en Arauca, es colombiana por nacimiento.
Se afecta la función de la justicia cuando no se cumplen oportunamente los objetivos y las obligaciones que la Constitución le impone a los funcionarios de la Rama Judicial.
La disposición estará disponible para comentarios hasta este domingo 9 de octubre.
La vigilancia fiscal es de carácter oficioso, mientras que el control concomitante y preventivo es excepcional.
De acuerdo con el actor, la norma en controversia es contraria a los artículos 14 y 96 de la Constitución Política.
No existe una equivalencia entre sentencias y laudos, no hay una identidad de decisiones.
Corte Constitucional resaltó la necesaria protección de la mujer sobre todo tipo de violencia.
La Fundación Universitaria Konrad Lorenz cuenta con la Especialización en Psicología Forense desde el 2012 y, en el 2019, cambió su denominación a Psicología Forense y Criminal.
El ente de control solicitó retirar dos artículos de una reciente sentencia de la JEP, tras considerar que viola los derechos de las víctimas.
El trámite de cumplimiento de tutela puede usarse de forma simultánea o independiente al desacato.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 46 (parcial) de la Ley 2200 del 2022.
Los demandantes presentaron un cargo único sobre la norma cuestionada por la supuesta omisión legislativa relativa, por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
Es necesario que el interesado acepte ser notificado de esta manera, otorgando la debida autorización expresa.
Conceden amparo de los derechos a la alimentación y a la igualdad de una niña, vulnerados por el colegio al prohibirle consumir el almuerzo que lleva desde su casa.
Explican flexibilización de los requisitos para presentar una acción de tutela cuando el accionante es una persona privada de la libertad.
El ministerio ordenó garantizar la prestación de los servicios relacionados con la salud para la IVE en los términos definidos por la Corte Constitucional
La persona debe reembolsar lo pagado cuando desaparece la fuente del pago.
Las autoridades de los pueblos indígenas tienen competencias jurisdiccionales, pero dicha competencia no es absoluta, pues encuentra algunas limitaciones de orden constitucional y legal.
La omisión de la Registraduría de expedir el documento en el que conste nombre es un abierto desconocimiento de su derecho lingüístico a poder usar el nombre propio de su lengua.
Advierten que les corresponde a las autoridades administrativas competentes definir las medidas necesarias para superar asuntos como una emergencia sanitaria.
Corte Constitucional explica el defecto fáctico del juez al dejar de valorar elementos probatorios en un proceso de reparación directa.
Las zonas francas ya no solo están en el objetivo de la reforma tributaria, sino que el Gobierno ya dictó sentencia anticipada para la terminación de este régimen.
La existencia de criterios de mérito no sujeta la facultad de elección de las autoridades nominadoras, las cuales podrán elegir a cualquiera de los miembros de la terna.
Se presume que su transferencia, a cualquier título, se hace en bloque o como unidad económica, sin necesidad de especificar detalladamente los elementos que lo integran.
En caso de cuestiones técnicas complejas, la anulación de la decisión adoptada solo será viable en la medida que el acto demandado sea abiertamente irrazonable, desproporcionado o arbitrario.
Las acciones que presentó tenían identidad de partes, hechos y pretensiones.
Un grupo de ciudadanos demandó la Ley 2099 del 2021.
Corte Suprema resaltó que para comprobar la constitución de una sociedad de hecho entre concubinos el trabajo doméstico es considerado aporte.
