Especialidad civil de la jurisdicción ordinaria es la competente para dirimir controversias sobre competencia desleal
Sin importar que en el extremo pasivo de la acción se encuentre una entidad de naturaleza pública de cualquier orden.
Sin importar que en el extremo pasivo de la acción se encuentre una entidad de naturaleza pública de cualquier orden.
En el fallo se ordenó a la comisaría de familia que, bajo el acompañamiento técnico del ICBF, realice una supervisión sobre el estado físico, emocional, cognitivo, educativo y de salud del niño.
La ruta establece que se entiende por violencia sexual cualquier acto que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas.
Consejo de Estado también se pronunció sobre competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.
Corte Constitucional recordó los componentes de accesibilidad y adaptabilidad del derecho a la educación frente a los estudiantes con discapacidad.
En un comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial se destaca el acercamiento.
Abierta la etapa de inscripciones no puede ser objeto de modificaciones que terminen repercutiendo en las condiciones de la convocatoria.
El presidente del Senado considera que hay muchos proyectos para discutir en un periodo tan corto de sesiones.
La entidad contratante deberá estudiar los medios de prueba y analizar si cumplen o no con los presupuestos de la Ley 1861 del 2017.
Algunos de los temas establecidos para la discusión son: principios laborales y constitucionales, estabilidad laboral y modalidades de contratos, entre otros.
La Sala Plena declaró la improcedencia de una tutela en la que se pretendía el reconocimiento de la pensión de jubilación.
Una de las primeras iniciativas que llevará el Gobierno al Congreso será el plan nacional de desarrollo.
Contratos a título gratuito pueden dar lugar a una enajenación de activos pero la norma contiene un presupuesto adicional para su aplicación, que consiste en el precio, requisito que solo está en negocios a título oneroso.
En pensión de jubilación, pensión de vejez y compartibilidad pensional no aplica la figura de “cuotas partes pensionales”: Consejo de Estado.
A partir del 1 de febrero se habilita oficialmente la convocatoria.
Solo se puede negar el servicio cuando el inmueble no cumpla condiciones técnicas o el prestador no tenga capacidad técnica y económica.
El documento es gratuito y está dirigido a personas que han tenido dificultades para obtener su permiso por protección temporal (PPT).
No es dable acceder al reintegro de la mujer embarazada al cargo que desempeñó en provisionalidad, lo procedente es garantizar su afiliación al sistema de salud.
La primera dicta las disposiciones para Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la segunda crea el Sistema Nacional de Biobancos.
Corte Constitucional se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 376 (parcial) de la Ley 599 del 2000.
Inhabilidad para ser testigos en un testamento solemne también comprende a los ascendientes, descendientes y parientes dentro del tercer grado civil del otorgante o del funcionario público que autorice el testamento.
Se crearon dos unidades para el fortalecimiento de las defensorías de familia del ICBF en el Guaviare.
Corte Constitucional analizó la Ley 2075 del 2021 y si se evaluaron los costos fiscales de la iniciativa.
Esta decisión la deberán tomar por una sola vez, y podrán gozar de cada prestación en las mismas condiciones previstas para las familias heteroparentales adoptantes.
Trabajo rural, formalización, brechas de género, negociación colectiva y trabajo en plataformas digitales hacen parte de los 18 puntos que estarán sobre la mesa.
La accionante, al enviar unas fotografías íntimas a otra persona por medio de una aplicación se expuso al riesgo de que un tercero se apropiara indebidamente de ellas.
El Ministerio de Salud resolvió una consulta sobre si se deben interponer nuevamente acciones en contra de las EPS que reciben.
Consejo de Estado se pronunció sobre competencia de la asamblea departamental para valorar hojas de vida de los aspirantes.
En la revisión de contenido de los estatutos tributarios municipales se realiza principalmente un cotejo de normas sustanciales.
Consejo de Estado confirmó la excepción de cosa juzgada internacional frente a los accionantes que obtuvieron sentencia de fondo en el sistema interamericano.
A través de la comunicación del inicio de las actuaciones administrativas se logra la efectividad del principio de publicidad y del derecho de defensa: Consejo de Estado.
La polémica reforma política es uno de los proyectos que se están divulgando.
Estos dos derechos son contrapuestos y, por tanto, se excluyen recíprocamente. El ejercicio simultáneo de ambos es un imposible jurídico.
El Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso para proveer un cargo de magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se debe garantizar en todo el territorio nacional.
El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción: Corte Constitucional.
Indistintamente de si se trata o no del mismo municipio para el cual fue elegido o pertenecieran a este, o de cualquier otra entidad, sin importar su orden territorial.
Consejo de Estado se expresó sobre la reconstitución de la terna para poder elegir.
Corte Constitucional se pronunció sobre tutelas en las que se buscaba la protección del derecho al trabajo de unos jugadores de fútbol.
Sobre este debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó sus preocupaciones.
La expresión declarada inexequible genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral.
Se trata de adecuar la obligación tributaria a la realidad del momento, como expresión del principio de equidad.
Al tratarse de una autorización, su adopción y recaudo es decisión de las corporaciones administrativas territoriales.
En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.
La Corte Constitucional resolvió una demanda contra los artículos 337 y 337A de la Ley 599 de 2000, sobre el derecho de acceso progresivo a la tierra.
Se desconoció el deber de incorporar en su razonamiento probatorio un enfoque diferencial con perspectiva de género de conformidad con la Constitución.
Una de sus primeras actividades será la revisión y retroalimentación sobre el proyecto de ley para la modernización y humanización del sistema penitenciario.
Destrucción de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos es desproporcionada, pues avala la destrucción de la propiedad privada.
La CNDJ confirmó la sanción impuesta a un abogado que dispuso de sumas de dinero de su poderdante a su arbitrio para cobrar gastos en su gestión.
Las normas de carácter especial permiten a las autoridades acceder a la historia clínica de todas las personas sin excepción.
Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.
Existe un anteproyecto de ley con el que se modificaría el marco normativo e institucional en materia penal y de ejecución de las penas, con el fin de adecuarlo a los estándares constitucionales y las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos establecidas por la ONU.
Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.
La calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas afiliadas al sistema de seguridad social, sin distinción alguna: Corte Constitucional.
Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.
Alrededor de 250.000 ciudadanos de 50 regiones del país contribuyeron a la construcción de la carta de navegación del cuatrienio del actual Gobierno.
La Corte Constitucional decretó el incumplimiento del fallo del 2013 frente a la restitución de la Plaza Santamaría como un lugar permanente para realizar espectáculos taurinos.
El diálogo sobre el cese al fuego bilateral se reactivará en el próximo ciclo de conversaciones.
Los símbolos en la factura del servicio no tienen restricción, pero para efectos de la suspensión no son suficientes por sí solos.
Validada la afiliación pensional y una vez produzca efectos el traslado entre entidades administradoras, surge para el nuevo ente administrador la obligación de reconocer las prestaciones económicas.
Consejo de Estado explicó esta calidad para configuración de inhabilidad para el ejercicio de cargo públicos.
Los trabajadores no desempeñarían un trabajo ocasional, no reemplazarían personal en vacaciones o en licencia, tampoco atenderían incrementos de producción por períodos estacionales o por cosechas.
El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.
No estuvieron en vacancia judicial los juzgados promiscuos de familia, penales, municipales y de ejecución de penas y medidas de seguridad, pues son del régimen individual de vacaciones.
Se trata de un registro interno que contiene, entre otros temas, el seguimiento de la conducta o aspectos disciplinarios del alumno.
Es necesario un mínimo de argumentación que le permita al juez constitucional definir los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia: Consejo de Estado.
Jueces están en la obligación de realizar el control oficioso de convencionalidad cuando estén en presencia de la posible comisión de delitos de lesa humanidad: Consejo de Estado.
Se encontró que los accionados no vulneraron los derechos del accionante y que actuaron de conformidad con la normativa que regula el servicio social obligatorio.
Derechos fundamentales son vulnerados al no realizar exámenes médicos especializados ordenados por el profesional de la salud tratante: Corte Constitucional.
Quien es designado como funcionario ‘ad hoc’ para una función específica no debería estar incurso en inhabilidades; de lo contrario, su nombramiento podría estar afectado de nulidad.
El Gobierno busca facilitar la detención domiciliaria y la libertad de personas condenadas.
La legislación educativa colombiana prevé la gratuidad de la educación entre los grados transición y undécimo.
Las entidades responsables omitieron remitirla a alguna institución con la capacidad para garantizar la realización de los procedimientos ordenados.
El presidente Gustavo Petro anunció que será creado el Viceministerio de la Juventud.
Acto administrativo que niega la renovación de la licencia de funcionamiento de una empresa de vigilancia y seguridad privada debe estar motivado: Consejo de Estado.
La Corte Constitucional concluyó que en este caso se configuró un defecto fáctico.
Los demandantes no ofrecen argumentos contundentes ni cuentan con el respaldo normativo para derivar un vicio de ilegalidad en el acto por cuenta de un deber de correspondencia con la ideología socialdemócrata adoptada en los estatutos del partido.
La reglamentación permite entrar en cese de hostilidades con cinco estructuras armadas.
Corte Constitucional rechaza tutela a persona que alega el pago del saldo insoluto del crédito hipotecario a una compañía de seguros.
Le correspondió a la Corte resolver una acción de tutela contra providencias judiciales en proceso de nulidad electoral.
Corte Suprema se pronunció sobre la relación entre los establecimientos penitenciarios y carcelarios y la población interna LGBTIQ+.
El ICA grava la actividad comercial, mas no la actividad de comercio, y se requiere que el contribuyente asuma con carácter empresarial su participación en el mercado.
Así mismo, el alto tribunal precisó la competencia para resolver una doble conformidad y la apreciación del testimonio.
También se analiza la solidaridad para responder por el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo.
Adicionalmente, el accionado deberá asumir el costo de las terapias o los procesos de rehabilitación necesarios para que el accionante recupere la función que perdió luego del accidente laboral.
El cambio se dará a partir del 11 de enero de 2023.
Esta decisión surge a partir de la finalización del periodo de la actual directora de la UBPD.
Puede encontrar justificación tanto en la necesidad de recaudo, análisis y valoración de material probatorio como en la complejidad del asunto o la existencia de otras circunstancias imprevisibles o ineludibles.
Sería una intromisión en la competencia de la administración que quebranta la presunción de buena fe de sus actuaciones
La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato.
Corte Suprema explica si cancelar las anotaciones sobre un inmueble afecta el proceso de inscripción de títulos en el registro inmobiliario.
Los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen crédito de la accionada para ser elegida en tal dignidad.
Le corresponde a la Registraduría motivar los actos administrativos que profiere en el marco del trámite de registro extemporáneo de nacimiento en el registro civil: Corte Constitucional.
La empresa deberá asegurarle a la accionante el acceso a unas condiciones sanitarias mínimas para la recolección, tratamiento y disposición o reutilización de los residuos humanos en espacios higiénicos, seguros y privados.
Consejo de Estado explicó los criterios bajo los cuales se adquiere la condición de sujetos de especial protección constitucional.
Urge una regulación del ‘sharenting’ de cara a los derechos de los menores de edad, que incluya una labor pedagógica que promueva el uso responsable, adecuado y seguro de las TIC.
Remiten a la Corte Constitucional conflicto negativo de competencias para resolver quién conoce de las faltas de los auxiliares de justicia.
Solo podrá otorgarse el rembolso mediante bonos de servicios si el usuario acepta esta alternativa de manera voluntaria.
Las empresas que sufren crisis financiera pueden ser preservadas acudiendo al trámite concursal, pero siempre que se trate de viabilizar su estabilidad: Corte Suprema.
Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
Corte se pronuncia sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada de personas en situación de debilidad manifiesta e indefensión por deterioro del estado de salud .
La Corte Suprema se pronunció sobre la exigencia del examen de Estado para poder ejercer la profesión.
Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.
El artículo 1° de la Resolución Externa 3 del 2012, del Banco de la República, cumplió con los criterios de la Sentencia C-955 del 2000.
Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la vivienda digna de las personas en condición de discapacidad en su componente de accesibilidad.
En principio, el inspector debe tener en cuenta que un trabajador no sindicalizado no está en la misma situación de uno que sí lo está.
La educación no se reduce a que los estudiantes reciban contenidos académicos, porque hay elementos como lo son la socialización, el juego y la interacción.
Los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos de la carrera judicial en provisionalidad son titulares de estabilidad laboral relativa, no reforzada: Corte Constitucional.
La Corte explica la importancia de la identificación del presunto autor o partícipe del delito.
Corte Constitucional precisó que se debe acreditar una imposibilidad real de pagar por parte del deudor, pero una voluntad para hacerlo.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.
Improcedencia de la acción para ordenarle a la Fiscalía General de la Nación abstenerse de prestar apoyo a las autoridades indígenas.
En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.
De acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas.
Para la Procuradora General, la definición de compañero permanente que contiene la norma desconoce el principio de igualdad.
Consejo de Estado aclaró que la legítima defensa como causal exonerativa de responsabilidad no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
Renunciar al cargo de diputado para concretar la aspiración a la Cámara de Representantes no implicó el desconocimiento automático del artículo 40 de la Constitución.
Consejo de Estado explica la procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
Quien alega debe acreditar supuestos de un yerro que era conocido o debió ser conocido por un consumidor medio.
De acuerdo con los accionantes, la libertad testamentaria que requieren las personas con discapacidad, como sordos, debe a su vez impregnarse de la presunción de buena fe.
Al momento del registro, se debe indicar el municipio o distrito donde se presta el servicio y los datos de identificación.
Corte Constitucional precisa el alcance de los derechos a la libertad de expresión y libertad de escoger profesión u oficio y sus limitaciones en miembros de las fuerzas militares.
La EPS del régimen contributivo o subsidiado a la cual esté afiliado el interesado deberá emitir la respectiva certificación.
Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.
Las personas interesadas podrán enviar sus hojas de vida personales y/o institucionales a partir del próximo 11 de enero de 2023 y hasta el 24 de enero (10 días hábiles).
La exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. También puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria, incluso la muerte.
De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.
El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.
De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.
Se analiza el proceso de selección para efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales.
La persona de este caso estaba calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64,85 %
La decisión de la oposición de retirarse de la sesión de instalación hace parte de la libertad en la que está de ejercer o no su derecho a la réplica y no supone una alteración al orden del día.
El objeto es evitar que la desactualización de la moneda sea una carga irrazonable contra el trabajador demandante.
Derechos a la seguridad social y al debido proceso son vulnerados cuando una entidad se abstiene de estudiar un documento distinto al dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.
Corte Constitucional ordenó investigar a una entidad bancaria por no notificar a central de riesgo la suplantación de ciudadano reportado como moroso.
Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.
La columnista de ÁMBITO JURÍDICO analiza un fallo de la Corte Suprema que declaró inimputable a una mujer que mató a sus tres hijos.
La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.
El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.
La nueva cartera busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales, estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.
Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.
Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.
Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.
No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.
La impresión de una conversación de Whatsapp debe valorarse como prueba documental y no indiciaria.
Revocaron la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones por error en el término de traslado para contestar la demanda.
El empleador está facultado para implementar las herramientas que estime convenientes para ejercer controles de cumplimiento.
La Sentencia SU-075 del 2018 modificó las reglas de la Sentencia SU-070 del 2013 y garantiza el derecho a la defensa del empleador.
La oposición al Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría han presentado reparos al Decreto 2422.
Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.
Corte Suprema precisa la contradicción los dictámenes periciales del trámite de imposición de servidumbre de energía eléctrica.
La institución educativa no podrá impedir a sus estudiantes que adelanten manifestaciones pacíficas que pretendan cuestionar sus políticas.
Se crea una comisión intersectorial integrada, entre otros, por los ministros del Interior, Defensa y Justicia.
La Corte Constitucional concluyó que un hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una paciente al no prestar en forma oportuna el servicio de hemodiálisis.
Garantía de imparcialidad no resulta afectada por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento: Corte Constitucional.
Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.
El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.
Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.
Las entidades deben asignar recursos para afrontar la eventual materialización de estos riesgos.
Los derechos y garantías mínimos que disponen la Constitución y la normativa laboral son irrenunciables.
Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.
El alza representa en dinero cerca de 2,5 millones de pesos.
La norma desconoció el principio de unidad de materia, al prever en el plan nacional de desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial.
La idea de un modelo social de discapacidad requiere aplicar mecanismos especiales que faciliten el ejercicio de los derechos en condición de igualdad para personas en esta condición.
Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
De acuerdo con el accionante, la presunción de inocencia deja de tener validez jurídica cuando de ascensos y premios para el personal de oficiales y suboficiales se trata.
Debe garantizar a la población privada de la libertad un entorno acorde a las condiciones que su salud mental requiera.
Llegó a la conclusión de que era imperceptible la necesidad de intervención del juez de tutela.
El Congreso de la República aprobó en primera vuelta del proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno.
Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 (parcial) de la Ley 941 del 2005.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
Esto solo es aplicable a los afiliados en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de que solo respecto de ellos se muestra una afectación intensa a derechos fundamentales.
Corte Constitucional admite demanda contra los artículos 7, 14, 16 y 22 (parciales) de la Ley 2199 de 2022.
Deben observar las normas previstas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos.
De acuerdo con los demandantes, se debe extender a las parejas del mismo sexo y a los compañeros o compañeras permanentes.
Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.
Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.
En principio, al empleador no le correspondería asumir la carga económica de la suspensión del contrato.
No siempre todos los ingresos salariales se tienen en cuenta para efectuar aportes al sistema de seguridad social.
Se desconocieron las competencias atribuidas a las contralorías, ya que existen otros mecanismos judiciales para lograr el resarcimiento del patrimonio a favor del Estado.
Consejo de Estado hace aclaración sobre la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
A la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se autorreconoció como miembro de la población LGBTQIA+
La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.
Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.
Se configuró una omisión legislativa relativa al no incluir las reglas de adjudicación de las licencias de paternidad en relación con las parejas adoptantes del mismo sexo: Corte Constitucional.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
UARIV debe aplicar enfoque diferencial en trámites de reparación de personas víctimas de la violencia.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La Corte consideró injustificable el actuar de la EPS, al negar el acceso a insumos y servicios médicos solicitados que ya hacían parte del PBS.
Protegen derecho a la igualdad de la accionante, otorgándole el mismo trato jurídico dado a los demás demandantes dentro de un proceso ordinario laboral.