El próximo 7 de junio, la Comisión Experta deberá entregar el anteproyecto de Constitución.

Esta comisión tiene como objetivo prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley.

El servicio de alimentación puede representar un riesgo para la salud, pues algunos alimentos son entregados en descomposición.

La decisión se profirió por una acción de tutela interpuesta por más de cinco reconocidas periodistas.

En los eventos de anticoncepción fallida no es posible cargar al médico con los gastos de crianza de quien no se esperaba concebir.

Con tres artículos ya aprobados, la bancada de Gobierno ha logrado aprobar 24 de los 139 que trae el proyecto.

No se puede vía tutela revivir una discusión clara y oportunamente definida en el respectivo proceso.

El interesado en que se invalide a través de una acción de tutela un fallo debe elevar la solicitud de nulidad ante el juez que definió el amparo: Corte Suprema.

Es posible que la administración y la autoridad judicial contrasten el dictamen con las demás pruebas recaudadas.

La garantía de continuidad de la prestación del servicio de salud corresponde a los entes territoriales.

La Corte Constitucional estudió los cargos presentados en una demanda contra el parágrafo del artículo 6 de la Ley 2197 del 2022.

Fiscal General rechazó cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes.

La supresión de cargos es una causal de retiro del servicio prevista para los empleados públicos.

El hecho de que un estudiante confiese haber cometido una falta no puede dar lugar a la imposición automática de una sanción.

La información consignada en la historia laboral de los afiliados es responsabilidad de las administradoras de pensiones: Corte Constitucional.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3º (parcial) del artículo 240 y el parágrafo 1º (parcial) del artículo 115 del Estatuto Tributario.

La CNDJ precisó las cuatro finalidades básicas sobre las que gira el régimen disciplinario de los abogados.

Debemos resolver el silencio estadístico, pues impide una adecuada implementación y medición de la eficacia de las normas y las políticas públicas en materia de derechos humanos.

El costo del medidor deberá ser asumido por el usuario bien en la factura del respectivo servicio o en el contrato de compraventa.

Procede la acción de tutela por desconocimiento del precedente constitucional con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios: Corte Constitucional.

La Corte Suprema ratificó la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde fue hallado responsable del delito de concusión.

Autorización exclusiva a los ingenieros civiles para las tareas de diseño y revisión de diseños de construcciones estructurales sismorresistentes es ausente de discriminación.

Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.

De acuerdo con la Constitución, el requisito de residencia para ser diputado consiste en haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año anterior a la fecha de elección.

Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Condiciones para conceder los permisos deben ser determinadas en el reglamento de trabajo, así como los requisitos para ser concedidos.

Debe preferirse el mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver una controversia pensional que requiera de un debate probatorio exhaustivo y amplio: Corte Constitucional.

Se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados.

La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 3° de la Ley 2066 del 2020, en la que se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera.

La Corte Constitucional ha establecido que para determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral.

Cuando la medida tiene un carácter eminentemente disciplinario.

Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.

De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver conflictos derivados de la actividad contractual que conllevan a la habilitación del pacto de composición y al trámite de la amigable composición.

El nuevo magistrado es abogado con especializaciones en derecho constitucional y seguridad social de la Universidad de Antioquia.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una niña a la que el Consejo de Estado le negó la reparación por la muerte de su padre, quien en vida no reconoció su paternidad.

Con una votación de 10 contra 8, la Comisión Séptima aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto.

La Corte Constitucional encontró una afectación directa sobre las comunidades indígenas al convertir en municipios las áreas no municipalizadas, sin prever presencia de territorios indígenas.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.

La Corte Constitucional declaró inexequible la causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por adquirir carta de naturaleza en otro país.

El documento incluye estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en el campo y la ciudad, la recuperación del control territorial y el aumento de la confianza institucional.

Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.

Actividades extracurriculares, culturales, deportivas y recreativas, junto con los conocimientos impartidos, son parte indispensable de la garantía del servicio de educación.

La reunión se centró en la situación de seguridad del Sumapaz y las advertencias sobre posible presencia de grupos armados ilegales.

El mecanismo ordinario para controvertir el proceso de revocatoria del mandato es la nulidad electoral, que se dirige en contra del acto administrativo que declara los resultados de las votaciones públicas.

Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.

Para la Corte Constitucional, el trámite de aprobación de la Ley 2099 del 2021 no violó los principios de publicidad y consecutividad y no incurrió en vicios de procedimiento.

Para la Corte Constitucional, la expresión contenida en el artículo 42 de la Ley 361 de 1997 vulnera los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de este colectivo.

Este dinero será invertido en 100 proyectos a lo largo del territorio nacional.

El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.

Para la Procuradora General, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta.

La función de investigar no solo se traduce en practicar pruebas, sino en extraer todo lo que estas aportan al proceso en ese camino hacia la verdad que exige la ley.

Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.

Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.

Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.

Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.

Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.

En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.

Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).

Corte admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra el artículo 42 de la Ley 2199 del 2022.

Causa gran incertidumbre jurídica el hecho de permitirle al servidor público interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin perjuicio del trámite del control automático de legalidad.

En este tipo de casos, se justifica la condena por la falta de actuación o la actuación tardía o deficiente, cuando otro comportamiento era esperable y racionalmente realizable.

La Universidad del Rosario graduó, por primera vez en Colombia, a una persona no binaria con título profesional.

Corte Constitucional admitió demanda en contra del artículo 6° de la Ley 2283 del 2023.

Para que la acción popular resulte procedente, es necesario que el demandante, en el transcurso del debate judicial, demuestre que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva.

La información que puede entregarse a una autoridad administrativa sin la autorización del titular de los datos personales es aquella que corresponde a datos públicos.

La alta corporación protegió los derechos de una mujer indígena a tener una vida libre de violencia de género y a la libertad de expresión.

En el caso concreto, el fiscal revictimizó a la accionante al momento de acudir a solicitar información sobre el estado de su denuncia por violencia intrafamiliar en contra de su expareja.

Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 77 de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social.

En el concepto se señaló que no existe una razón suficiente para otorgarle un trato diferenciado a los individuos con capacidad de gestación que identifican su género de manera diversa.

Minvivienda presentó los cambios de este subsidio para el 2023.

La reunión duró alrededor de dos horas, y fue considerada "provechosa y cordial".

Corte admite demanda de inconstitucionalidad contra el literal g) (parcial) del artículo 13 de la Ley 1915 del 2018.

Incurre en el delito de prevaricato el servidor público que, con conocimiento y voluntad, profiere resolución, concepto o dictamen manifiestamente contrario a la ley: Corte Suprema.

La DIAN emite concepto general sobre derogatorias de la última reforma tributaria, teniendo en cuenta diferentes interrogantes planteados.

El derecho de petición solo se satisface cuando la persona que elevó la solicitud conoce la respuesta del mismo.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.

No existen los elementos médicos suficientes para determinar si el procedimiento solicitado por la accionante es funcional o está relacionado con la salud: Corte Constitucional.

Sí, siempre que concurran los elementos estructurales o definitorios de esta fuente de la obligación de resarcimiento y que la producción del daño reclamado por quien lo haya padecido pueda imputarse o atribuirse directamente a sus actos.

El alto tribunal precisó las dos posturas adoptadas por las salas de la Corte para resolver estas controversias.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6º de la Ley 2283 del 2023.

El Ministerio Público manifestó que las disposiciones demandadas violan la Constitución, porque su indebida formulación lleva escenarios que están en contravía de los mandatos superiores.

Si se emiten fallos contra el Presidente de la República, las entidades deberán ponerse en contacto inmediato con el Dapre.

Si bien el instituto educativo tiene la posibilidad de retener algunos documentos cuando se presenta una falta de pago, ello no lo exonera de analizar las circunstancias del núcleo familiar del niño.

Se trata de solicitudes que cuentan con un término especial, el cual se podrá ampliar cuando se haya requerido la práctica de pruebas.

Se estima que, en Colombia, 3,5 millones de mujeres viven con esta enfermedad.

Se trata de los lineamientos que ministerios y departamentos administrativos deben seguir a la hora de responder ante acciones públicas de inconstitucionalidad.

Se constató el grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.

Para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición, la contestación debe versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario desea saber.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 37 de la Ley 2277 del 2022.

La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.

Dado que no existe cambio de empleo, las funciones siguen iguales y el empleado no debe posesionarse nuevamente.

Los jueces deben incorporar criterios de género y analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad: Corte Constitucional.

Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.

Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.

Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.

La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.

Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.

Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.

Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.

Con el fin de evitar una amenaza contra el ejercicio de la profesión y la garantía del derecho a la libertad de expresión.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.

De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.

El consentimiento de una persona en situación de discapacidad, incluso la declarada interdicta, debe ser valorado igual que el de todos los ciudadanos: Corte Constitucional.

Corte Constitucional resolvió si se vulneran los derechos de un PPL que padece de un trastorno de ansiedad al trasladarlo a sus citas médicas con restricciones de manos y pies.

Las pruebas clasificatorias no buscan evaluar los conocimientos impartidos en el marco de un proceso educativo, sino definir un punto de partida para dar inicio al proceso: Corte Constitucional.

Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.

A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.

Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.

Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.

La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.

Revisión de constitucionalidad de la Ley 2145 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre importación temporal, hecho en Estambul, Turquía.

El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.

En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.

No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.

Las comisiones económicas conjuntas revisarán la ponencia y debatirán el articulado.

La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.

La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.

La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.

Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.

La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017.

La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.

Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.

Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.

Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.

La aerolínea habría recaudado cerca de $ 272.000 millones antes de anunciar el cese de operaciones.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.

La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.

Corte Suprema reiteró la necesidad de acatar las decisiones de los jueces de la República como elemento estructural de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.

En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.

La inmediatez se acredita demostrando con prueba sumaria o con indicios que la afectación de los derechos es continua y que el accionante ha desplegado actuaciones tendientes a buscar el amparo de sus garantías.

Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.

Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.

Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.

Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.

La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.

La iniciativa beneficia a cerca de 5.000 mujeres que tienen condenas que no superan los ocho años.

La Corporación hizo el llamado al presidente Gustavo Petro tras sus cuestionamientos sobre decisiones de los tribunales.

Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.

La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 del 2008.

Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.

Se espera que los partidos presenten hoy el articulado al Gobierno nacional.

La atención en salud de la población adulta mayor no se puede limitar por ningún tipo de restricción administrativa o económica.

Los conductores que estacionen sus vehículos con este objeto deberán hacerlo en zonas y horarios determinados.

Este será el trabajo del Congreso para la segunda semana de marzo.

Los jueces tienen el deber de observar los lineamientos sentados por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, cuyo precedente es vinculante: Consejo de Estado.

En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.

La Sala Plena señaló que en los casos que una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución pueda producir efectos irremediables o eludir el control de constitucionalidad es necesario adoptar medidas también excepcionales.

El legislador puede habilitar a la ANDJE para solicitar conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.

La Corte Constitucional expresó que se vulneraron derechos fundamentales luego de señalar el alcance del principio de igualdad.

Autoridades locales de tránsito y transporte pueden inmovilizar vehículos e imponer multas de hasta 30 salarios mínimos legales.

Conceden tutela a familiares de ciudadano que murió después de cirugía sin haber otorgado el consentimiento informado.

Servicios e insumos de salud que requieran las personas de la tercera edad deben garantizarse de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.

No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.

Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.

El precedente no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho: Consejo de Estado.

Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.

Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.

En este caso en particular, los derechos deprecados por las 36 personas privadas de la libertad coinciden con el estado de cosas inconstitucional declarado en materia carcelaria.

La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.

Se deben adoptar medidas relacionadas con la garantía de los derechos de la PPL en centros de detención transitoria en contextos de emergencia sanitara o eventos epidemiológicos: Corte Constitucional.

También del análisis de la Sentencia C-321 de 2022 se explica la protección del derecho al debido proceso cuando se imponen comparendos.

El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.

Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización

La Sala Plena del alto tribunal eligió a los 18 juristas que intervendrán en casos de empate y falta de cuórum.

El demandante argumenta que la norma acusada viola las garantías internacionales de las víctimas.

Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...

Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.

La polémica propuesta plantea abrir una nueva Sala en el alto tribunal con, al menos, 20 magistrados que juzgarían los casos de corrupción más relevantes del país.

No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.

En el presente caso, se desconoció la diligencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP para cumplir con dicha carga procesal y que el proceso de expropiación se adelanta por “motivos de utilidad pública o de interés social”.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.

Corte recuerda el análisis que se debe hacer frente a la fecha de estructuración cuando se trata de personas con enfermedades crónicas, degenerativas y/o congénitas.

En su aclaración de voto, la magistrada Hilda González indicó que existe cosa juzgada constitucional, porque la Corte Constitucional excluyó la acción de tutela de revisión.

No es posible exigirle al trabajador evacuar las tareas acumuladas durante su ausencia vacacional y además las que a diario se van generando: Corte Suprema.

La libertad de empresa debe entenderse encaminada a otros aspectos económicos y de organización interna.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 19 (parcial), 69, 70, 89, 93 (parcial) y 96 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.

No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.

Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta busca que el país transite de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, la producción y la sostenibilidad.

El objetivo de los congresistas fue mostrar un compromiso con un acceso digno a una IVE.

En una reunión con el Presidente de la República, el Fiscal General de la Nación le planteó nueve observaciones al proyecto de ley de sometimiento a la justicia.

Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.

La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la Ley 2103 del 15 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).

El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.

Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 95 de la Ley 2277 del 2022.

La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.

El magistrado Octavio Tejeiro Duque salvó el voto e indicó que se debió reconocer el derecho a una asignación a cargo del Estado para que el accionante tuviera una vejez digna.

Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.

La Corte Constitucional encontró que los tipos penales no irrespetan el principio de legalidad ni el mandato de estricta tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.

Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.

Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.

Exhibir el carné de vacunas para poder presentar la prueba de conocimiento implica una restricción significativa del derecho al libre desarrollo de la personalidad y acceso a cargos públicos.