La decisión se debe al fallo en el que una sala de conjueces concluyó que la Contraloría no es competente para investigar a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Cuando las Fuerzas Armadas omiten proteger a los municipios de los ataques de grupos armados ilegales, la Nación le causa un daño antijurídico a las alcaldías.