La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) modificó la Resolución 122 del 2011, que reglamentó la facturación y el recaudo conjunto del valor del servicio público domiciliario de energía eléctrica con el impuesto de alumbrado público. Para acordar las condiciones de tales actividades, la nueva disposición autoriza a los municipios y a las empresas de energía para suscribir un contrato y/o convenio (antes solo se permitía contrato). Este deberá señalar, entre otros aspectos, los parámetros para facturar de manera separada dicho impuesto, si así lo solicita el usuario. En todo caso, el municipio, como responsable de la prestación del servicio de alumbrado público, deberá establecer el procedimiento para evitar la evasión fiscal, agrega la Resolución 5 del 2012.