Conpes aprueba Programa de Fortalecimiento de la Defensa Jurídica del Estado

La Nación enfrenta más de 260.000 procesos judiciales, cuyas pretensiones superan los 1.000 billones de pesos.

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Con el fin de mejorar la efectividad de la defensa jurídica del Estado y disminuir los pagos por fallos desfavorables, el Gobierno aprobó la ejecución de un programa integral que demandará recursos por 10 millones de dólares hasta el 2016.

La iniciativa, contenida en el Documento Conpes 3722 del 29 de marzo, consta de tres componentes: apoyo a la instalación de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica y fortalecimiento de la gestión de la información estratégica.

El pasado 1° de noviembre, durante la presentación de la Agencia y sus órganos directivos, el presidente Juan Manuel Santos reveló que la Nación enfrenta más de 260.000 procesos judiciales, cuyas pretensiones superan los 1.000 billones de pesos.

El segundo componente busca dotar a las entidades públicas de nuevas habilidades de prevención del daño antijurídico, para lo cual se pondrán en marcha, entre otras, las siguientes acciones:

• El diseño de nuevas estrategias de defensa jurídica ante órganos judiciales nacionales e internacionales.

• La adopción de criterios e incentivos de utilización de la conciliación.

• La implementación de un nuevo sistema de gestión de casos.

• La aprobación un plan de restructuración de las oficinas jurídicas de las entidades.

El fortalecimiento de la gestión de la información estratégica, tercer componente, tiene como fin identificar las causas de los litigios y formular estrategias para su reducción; diseñar un modelo de gestión de riesgos fiscales y capacitar a los operadores jurídicos de las entidades en temas comunes y especializados, entre otras medidas.

La problemática

Colombia presenta una alta litigiosidad frente a las acciones, hechos, omisiones, actos y contratos en que está involucrado el Estado.

El gran número de demandas en contra de entidades estatales y sus pretensiones son una parte del problema, sostiene el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).

Actualmente, no existe información confiable que determine con precisión el estado de tales procesos, el número y la calidad de abogados que representan los intereses de la Nación y la valoración de los litigios que están en grave riesgo de pérdida.

Otras medidas

Para contrarrestar lo anterior, el Conpes considera indispensable levantar mapas de riesgo que identifiquen las debilidades en la defensa del Estado y ámbitos de conciliación por tipo de procesos.

Además, es necesario identificar las entidades en las que se concentran los mayores casos y los puntos críticos en la gestión de los documentos que se puedan tener como prueba en los procesos.

Para contar con una estrategia de prevención del daño antijurídico, es imperativo tener una abogacía general del Estado compuesta por un personal con las mayores cualidades profesionales y personales y comprobada idoneidad para el ejercicio de la función pública, agrega el Conpes.

El documento incluye cada una de las estrategias, las fechas de ejecución, los recursos que se destinarán y las metas esperadas hasta el 2016.

(DNP, Documento Conpes 3722, mar. 29/12)