Con el propósito de mejorar la efectividad de la gestión de la defensa jurídica del Estado y disminuir los pagos por fallos desfavorables, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó un programa en ese sentido y autorizó a la Nación para contratar un crédito externo hasta por US $ 10 millones destinado a su financiación. La iniciativa tiene tres componentes: apoyo a la instalación de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, mejora de la gestión del ciclo de defensa jurídica y fortalecimiento de la gestión de la información estratégica. El segundo busca dotar a las entidades públicas de nuevas habilidades de prevención del daño antijurídico, para lo cual se pondrán en marcha, entre otras, las siguientes acciones: diseñar nuevas estrategias de defensa jurídica ante órganos judiciales nacionales e internacionales; elaborar criterios e incentivos de utilización de la conciliación; implementar un nuevo sistema de gestión de casos; adoptar procedimientos para una gestión eficiente de los pagos por sentencias y establecer un plan de restructuración de las oficinas jurídicas de las entidades.