La reglamentación del derecho a la objeción de conciencia afrontará su primer debate en la Comisión Primera del Senado con ponencia favorable. Los ponentes piden eliminar el servicio social alternativo para los objetores, pues argumentan que no se les debe discriminar por abstenerse de cumplir un deber señalado por el Estado. Así, el texto propuesto exoneraría a las personas del cumplimiento de un deber legal o reglamentario que considere contrario a sus convicciones religiosas, filosóficas o morales, siempre y cuando no ponga en riesgo la seguridad, el orden o la salud pública, y los derechos y libertades fundamentales de las demás personas. La objeción de conciencia sería reconocida como un derecho social de las personas naturales y la autoridad de conciencia sería la Defensoría del Pueblo.