El órgano encargado de recomendar políticas y acciones para la adecuada prevención y defensa de los intereses litigiosos de la Nación estará conformado por cinco abogados expertos, con amplia experiencia y conocimiento en el funcionamiento de la administración pública. Así lo dispuso el Gobierno, al modificar el Decreto 4085 del 2011, que estableció la estructura y los objetivos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.