Al momento de hacer el examen comparativo de las propuestas presentadas en una licitación, la entidad pública contratante debe aplicar estrictamente los criterios de selección y ponderación establecidos en el pliego de condiciones, dar a conocer oportunamente los informes de las evaluaciones realizadas y dar respuesta motivada a las observaciones que sean efectuadas a los estudios. El Consejo de Estado señaló que el cumplimiento de estos deberes permite la aplicación de los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y selección objetiva, que aseguran la escogencia de la propuesta más favorable para la administración. El alto tribunal enlistó varias manifestaciones del principio de igualdad en la etapa precontractual (C.P. Mauricio Fajardo Gómez).