" La Contraloría General de la República es la entidad competente para investigar fiscalmente a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura involucrados en el denominado ""carrusel de las pensiones"". Así lo determinó el Consejo de Estado al dirimir un conflicto de competencias administrativas entre dicho ente de control y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Según el alto tribunal, en este caso no se trata de una competencia de jurisdicciones, pues la Contraloría no tiene esas funciones, sino de competencias administrativas. La Sala de Consulta y Servicio Civil explicó que aunque la Contraloría ha sido facultada por la ley para ejercer funciones de policía judicial, esto no desnaturaliza el carácter eminentemente administrativo de su competencia para convertirla en una función judicial. Por tanto, el proceso de responsabilidad fiscal no constituye, expresa o tácitamente, el ejercicio de una función judicial o jurisdiccional, sino netamente administrativa. Señaló que esta decisión no afecta las competencias específicas que, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden por mandato constitucional a la Comisión de Investigación. Esta decisión difiere del conflicto de jurisdicciones resuelto por una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura, que estimó que el competente para la investigación fiscal de aforados es la Comisión de Investigación y Acusación (C. P. Augusto Hernández Becerra). "