Las 63 contralorías del país estudian procesos fiscales por presunto detrimento patrimonial al Estado por valor de $ 6,4 billones, de los cuales, $ 3,3 billones pertenecen a la Contraloría General de la República (CGR), reveló hoy la Auditoría General de la República (AGR). El organismo hizo un llamado a esos órganos de control, para que implementen la oralidad en sus procesos, con el fin de ejercer un control fiscal más oportuno, eficiente y eficaz. Actualmente, $ 623.000 millones están en riesgo de perderse en procesos a punto de prescribir.