La Contraloría General de la República (CGR) suspendió ayer todas las actuaciones que adelantaba en contra de servidores públicos con fuero constitucional, debido al fallo de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura según el cual la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es competente para investigar fiscalmente a los magistrados de ese alto tribunal, a raíz del denominado “carrusel de pensiones”. Según el órgano de control, el fallo tendría similar incidencia sobre procesos fiscales contra ministros, directores de departamentos administrativos, embajadores, gobernadores, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo, que también gozan de fuero constitucional.