Presidente del Consejo de Estado cuestiona a conjueces

 “No deja de preocupar que actividades netamente administrativas se conviertan en judiciales”, afirmó este miércoles el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, refiriéndose al sistema de conjueces de la justicia, que han tomado decisiones como la que definió la competencia para investigar fiscalmente a aforados constitucionales.

Gómez criticó el hecho de que una investigación de carácter administrativo, como lo es la del “carrusel de pensiones” en el Consejo Superior, que en principio sería competencia de la Contraloría General de la República, se considere un acto judicial.

“Siempre hemos promulgado que lo disciplinario sea administrativo y no judicial”, explicó el alto funcionario, en declaraciones a la prensa, publicadas por el diario El Espectador. En su opinión, “en muchos casos el sistema de conjueces genera ‘distorsiones’ que preocupan a la sociedad y a la misma Rama Judicial”. 

Contraloría no  investigará a aforados

Una sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura concluyó esta semana que la Contraloría no es competente para adelantar investigaciones fiscales contra magistrados de las altas cortes, por tratarse de aforados constitucionales.

De acuerdo con el conjuez Isnardo Gómez, la Contraloría solamente puede investigar a aquellos funcionarios que ejerzan una gestión fiscal en la que se tenga una disponibilidad jurídica del gasto o del presupuesto.

Con la decisión, la investigación del “carrusel de pensiones” que involucra a algunos magistrados del Consejo Superior quedó en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por su parte, la  Contraloría acogió el fallo de la sala  y suspendió las investigaciones fiscales que adelantaba contra funcionarios con fuero constitucional.

“Se decreta la suspensión de todas las actuaciones que se vienen adelantando por la Contraloría General de la República y que, de una u otra manera, puedan afectar a servidores públicos que gocen de fuero constitucional', explicó el martes la entidad, en un comunicado.

Gobierno espera decisión del Consejo de Estado

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que el debate sobre el ente encargado de investigar fiscalmente a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado “carrusel de pensiones” es un conflicto de competencias administrativas, que debe resolver el Consejo de Estado.

Por eso, el funcionario espera la respuesta del alto tribunal a la solicitud presentada en febrero pasado. “Será una decisión, no simplemente un concepto”, explicó Esguerra.

En opinión del ministro, el control fiscal es una tarea que le corresponde a la Contraloría.