El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo ayer que el debate sobre el ente encargado de investigar fiscalmente a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por el denominado “carrusel de pensiones” es un conflicto de competencias administrativas, que debe resolver el Consejo de Estado. Por eso, el funcionario espera la respuesta de la Sala de Consulta y Servicio Civil a la solicitud presentada en febrero pasado, “que será una decisión, no simplemente un concepto”. En opinión de Esguerra, el control fiscal es una tarea que le corresponde a la Contraloría General de la República.