La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios acaba de imponer multar por valor de $ 85 millones a la empresa Electrificadora del Caribe S.A. ESP, por negarse a responder de fondo el recurso de reposición presentado por una usuaria y no enviar a ese organismo el expediente para el trámite del recurso de apelación como subsidiario del de reposición. Según la resolución emitida, dicha omisión lesiona gravemente uno de los elementos de la esencia del contrato de servicios públicos domiciliarios, que es el derecho del usuario o suscriptor a que se le revisen las decisiones empresariales con las que se afecta la ejecución del mismo. En contra de esa decisión no procede recurso alguno.