La propuesta del alcalde Gustavo Petro de restringir el porte de armas ha generado gran controversia. ¿Por qué la iniciativa del nuevo mandatario tuvo tanto impacto?
A partir de junio, no se podrá exigir la toma de la huella dactilar, pues esta deberá ser remplazada por la huella digital. El Gobierno prepara los decretos que disminuirán trámites.
El objetivo es amparar personas en riesgo extraordinario por sus actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, como sindicalistas o dirigentes políticos.
La Corte amplió las razones precisadas en el comunicado de prensa referidas a la necesidad de que esas disposiciones fueran tramitadas por ley estatutaria.
El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles fue creado por el Plan de Desarrollo de la anterior administración (L. 1151/07) y reglamentado por el Decreto 4839 del 2008.
El servicio de transporte es uno de los medios que deben ser suministrados por el Gobierno a los estudiantes de escasos recursos de instituciones públicas.
La Procuraduría le solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequibles algunas normas de dicha ley, con efectos retroactivos al 13 de diciembre del 2010.
Por medio de tres decretos, del pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo reglamentó la Ley 1257 del 2008 y definió las acciones para atender a las mujeres víctimas de violencia
En el fallo, la Sala Octava de Revisión cuestionó el procedimiento que utilizan los órganos encargados de determinar la pérdida de capacidad laboral para calificar la invalidez.
La corporación recordó que la declaratoria de la vacancia está fundamentada en la ley, mientras que la destitución es una sanción basada en la decisión del juez disciplinario.
A través de cinco decretos, publicados recientemente, el Gobierno definió el marco jurídico para el funcionamiento de los organismos que pondrán en marcha la Ley de Víctimas.
El Departamento Administrativo de la Función Pública requirió a las entidades estatales para que informaran acerca del número de contratos de prestación de servicios.
La jurisdicción resolvió 13.544 quejas presentadas por los ciudadanos en contra de funcionarios judiciales, expidió 1.680 acciones de tutela y dirimió 1.254 conflictos de competencia.
El Ministro de Justicia insistió en que la reforma no privatiza la justicia ni es un atentado en contra de la independencia y la autonomía de la Rama Judicial.
La Corte Constitucional declaró probado el desacato de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos a una orden judicial emitida por este tribunal que pedía garantizar los derechos de la población recicladora.