¿Adiós a las armas?

La propuesta escandalizó, pero pegó. De todos los anuncios hechos por el nuevo alcalde de Bogotá en su discurso de posesión, la restricción al porte de armas ha sido la que más ha llamado la atención de políticos, académicos y de la opinión pública.

De entrada, Petro no innovó. El porte de armas, por regla general, está prohibido legalmente en el país. De hecho, esta conducta es un delito, y la fabricación, importación y distribución está monopolizada por el Estado, por medio de la Industria Militar (Indumil).

Si no se trata de la gran novedad, entonces, ¿por qué la iniciativa del nuevo mandatario tuvo tanto impacto? Porque una cosa es lo que prohíben las leyes y otra lo que sucede en la realidad.

Petro fue realista y sabe del impacto que tiene el porte legal e ilegal de armas en la seguridad ciudadana. Y el punto de quiebre no es prohibir lo prohibido, sino restringir el porte legal de armas. Este es el gran escollo de la iniciativa: limitar o prohibir permisos y salvoconductos.

Prohibición total

A pesar de la prohibición, el porte ilegal de armas es uno de los delitos más comunes que mueven la justicia penal colombiana.

Aunque las cifras de delincuencia de la Policía, la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura no son idénticas, sí coinciden en establecer que este punible está dentro de los cinco de más impacto y juzgamiento en todo el país.

A este delito se suman los homicidios y las lesiones que son ocasionados por quienes sí portan legalmente armas de fuego, por medio de los permisos y los salvoconductos. En este punto está el nudo gordiano de la propuesta, porque significa ampliar la restricción del porte legal de armas. En otras palabras, reducir el margen de legalidad del porte de armas de fuego.

En primer lugar, la reacción de quienes tienen el monopolio de las armas a nivel urbano, la Policía, fue favorable a la propuesta de Petro. El subdirector de la Policía Nacional, el general José Roberto León, respaldó la decisión, como lo afirmó para la revista Semana. 

Sin embargo, los mayores inconvenientes de la propuesta son jurídicos. En Colombia, y a diferencia de lo que pasa en EE UU, las armas de fuego no se consiguen en los supermercados.

Además, no hay que olvidar que el país se rige bajo un régimen centralista, no federalista, en el que este tipo de medidas no se pueden adoptar localmente por los concejos o las alcaldías, sino por el Congreso de la República.

A lo máximo que puede aspirar el nuevo alcalde es a regular el porte por horas y lugares en la capital, como se ha hecho en otras ciudades como Cali y Medellín, con base en lo que establece el Decreto 2535 de 1993, que regula la tenencia y porte de armas.

A lo sumo, podrá implantar un “pico y placa” para el porte legal de armas. Pero eso también requerirá de la intervención del concejo distrital.

Así, para que sea una medida eficaz, se requiere de la intervención de las autoridades nacionales, y no solo de las distritales o locales.

Y en este punto, el anuncio de Petro también tuvo buena acogida. Por un lado, la bancada parlamentaria más cercana a la ideología del alcalde, como el Polo Democrático Alternativo, ya anunció la presentación de un proyecto de ley para prohibir absolutamente la tenencia y el porte de armas.

En armonía también está el Gobierno Nacional. La Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana también está de acuerdo en aumentar las limitaciones al porte legal de armas, con el fin de imponer más requisitos para la concesión de permisos de tenencia y porte.

Pero lo más revolucionario de la intención gubernamental es la de descentralizar el tema del uso de armas, con el fin de que los alcaldes y los gobernadores tengan más poder de decisión a la hora de otorgar permisos.

Si bien no se trata de una prohibición absoluta, la idea del Ejecutivo sí está en consonancia con la del alcalde capitalino.

Lo cierto es que el objetivo de desarmar más la capital del país sonó en el Congreso y en el Gobierno Nacional, y parece abrirle campo a una tendencia nacional de los mandatarios de buscar un marco jurídico que facilite el desarme del país.