A través del Decreto 4912 del  pasado 26 de diciembre, el Gobierno expidió un nuevo programa de protección de personas que se encuentran en riesgo extraordinario por el ejercicio de actividades políticas, públicas, sociales o humanitarias, como los sindicalistas o dirigentes políticos.

El programa será dirigido por la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, entidades encargadas de tramitar las solicitudes de protección, elaborar los mapas de riesgo y diseñar los esquemas de protección, entre otras funciones.

Así mismo, las entidades del orden nacional, departamental y municipal tendrán que implementar la estrategia de prevención para evitar la consumación de violaciones de derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, mitigar los efectos del riesgo y adoptar garantías de no repetición.

Las medidas de protección incluyen un esquema de seguridad dotado de vehículos blindados y escoltas, el suministro de tiquetes aéreos nacionales e internacionales, apoyo de transporte terrestre, fluvial o marítimo, reubicación temporal, medios de comunicación e instalación de sistemas técnicos de seguridad.

Por otro lado, la norma dispone que se aplicará la presunción constitucional de riesgo a favor de las víctimas de desplazamiento forzado, según la Ley 1448 del 2011, que intervienen en los procesos de restitución de tierras.

Además, altos funcionarios del Estado también se beneficiarán del programa, como magistrados, congresistas, ministros, el Presidente y el Vicepresidente de la República, entre otros.

(Mininterior, D. 4912, dic. 26/11)