La Procuraduría General de la Nación informó que las entidades estatales y las instituciones de educación superior públicas han celebrado, entre ellas, contratos interadministrativos y han desconocido el ordenamiento jurídico vigente. El Ministerio Público señaló que las irregularidades se evidencian con la divergencia entre las instituciones y los tipos de contratos pactados, pues, entre otros, las universidades han ejecutado tareas tan disímiles como la instalación de sistemas semafóricos en el municipio de Soacha, actividades recreacionales en Melgar para 10000 adultos mayores de la localidad de Kennedy y el desarrollo e instalación de un sistema de seguridad para Ciudad Bolívar. Según la Procuraduría, dichas instituciones no cuentan con la experiencia para ejecutar los objetos contractuales, por lo que terminan subcontratando directamente con empresas privadas su ejecución y se acude a los contratos interadministrativos para burlar los procesos de selección objetiva, tales como licitación pública o el concurso de méritos.