Estado no garantiza el acceso a la justicia a víctimas de violencia sexual: Procuraduría

El pasado 28 de diciembre, el procurador delegado en Derechos Humanos y Asuntos Étnicos presentó el informe de seguimiento a la Directiva 006 del 2011, que impone órdenes a los funcionarios para luchar contra la impunidad en casos de violencia sexual en el conflicto armado.

La Procuraduría reconoció el esfuerzo del Estado encaminado a proteger los derechos de las mujeres víctimas, pero aseguró que persiste el vacío institucional en materia de prevención, atención y acceso a la justicia.

Las entidades estatales no han diseñado políticas públicas para solucionar la problemática y no se ha superado el estado de cosas inconstitucional, advirtió la Procuraduría.

Por tanto, el Ministerio Público exhortó a la Fiscalía General de la Nación, al Departamento Administrativo para la Acción Social, al Ministerio del Interior (Mininterior), al Ministerio de Justicia (Minjusticia), al Ministerio de Salud (Minsalud), a la Defensoría del Pueblo, a la fuerza pública y a los jueces de la República, para que, a más tardar, el 1° de marzo del 2012 informen acerca de los planes para contrarrestar la impunidad de estos delitos.

Así, la Fiscalía deberá informar sobre las investigaciones adelantadas y la capacitación de sus funcionarios en estándares internacionales en la materia, entre otros temas. Además, el Mininterior y el Minjusticia deberán presentar un informe sobre la implementación de medidas de protección con perspectiva de género.

Por su parte, el Departamento Administrativo para la Acción Social tendrá que mostrar los avances y la eficacia de la reparación administrativa. Y los jueces deberán allegar información sobre las indemnizaciones y las medidas de rehabilitación y protección con enfoque sicosocial.

El Minsalud deberá demostrar la aplicación del Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual y la Defensoría tendrá que informar acerca de la cobertura del Protocolo para la orientación sicojurídica de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Finalmente, la fuerza pública deberá enviar a la Procuraduría el registro de las faltas de sus miembros en cuanto a la violencia sexual.

(PGN, comunicado, Dic. 28/11)