El Consejo de Estado advirtió que la solicitud de rectificación de una información ante los medios de comunicación debe hacerla el propio afectado, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por esta razón, negó la responsabilidad del departamento del Atlántico por la omisión de la Contraloría en pedir la rectificación de una información publicada en varios medios que involucraba al demandante con las irregularidades cometidas en la celebración y ejecución de un contrato celebrado por Metrofútbol para la prestación del servicio de seguridad en el estadio metropolitano de Barranquilla. Además, se encontró probado que la Contraloría no denunció penalmente al afectado ni suministró información inexacta a la prensa. El alto tribunal se negó a analizar el daño derivado por actuaciones legítimas, pues ello implicaba modificar el fundamento de las pretensiones (C.P. Ruth Stella Correa Palacio).