El Gobierno amplió la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación en 822 cargos de carácter permanente, requeridos para atender las nuevas funciones que ese organismo asumió tras la expedición de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1453/11). Cabe recordar algunos cambios que introdujo esa ley: el organismo acusador tiene más tiempo para recopilar pruebas y formular imputaciones; se aplicará la flagrancia, cuando la persona que comete el delito quede registrada en un video o esté en un vehículo en el que se acaba de cometer el ilícito; se estableció una pena de 10 a 17 años de cárcel para quien utilice o induzca a menores de edad a la comisión de delitos; se aumentó la pena del porte ilegal de armas; se fijó una pena de 6 a 8 años de prisión para quien manipule, reprograme, remarque o modifique los terminales móviles de los servicios de comunicación, como nueva medida contra el robo de celulares y se tipificó la enajenación ilegal de medicamentos.