Concesión para la operación de Transmilenio vulneró los derechos colectivos de sus usuarios

El sistema Transmilenio es económicamente viable. Pero no ocurre lo mismo con Transmilenio S. A., la empresa pública que responde por su gestión, planeación y control.

En un fallo publicado recientemente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que la difícil situación económica que atraviesa la empresa tuvo su origen en el contrato de concesión para la operación del sistema de transporte masivo, porque distribuyó de manera irregular los porcentajes de participación en las utilidades por los recursos obtenidos del transporte de pasajeros.

Al resolver una acción popular, el tribunal alertó sobre los errores en el diseño del contrato, que le asignó a Transmilenio S. A. el 5,73 % de las ganancias, a pesar de que se encarga del mantenimiento de la estructura vial, la vigilancia y el aseo del sistema.

En contraste, dispuso que los operadores troncales, que son empresas privadas y solo asumen los gastos correspondientes al mantenimiento y a la compra de los buses, recibirían más del 70 %. A los concesionarios de recaudo, que se dedican a la venta de los pasajes, les asignó un porcentaje del 9 %.

Tal desequilibrio dejó a Transmilenio S. A. en una situación deficitaria que la obligó a asumir cargas adicionales para garantizar la prestación del servicio. La empresa tuvo que ser financiada con transferencias de la Nación y del Distrito, y se previó que su déficit sería trasladado a los usuarios, aumentando la tarifa.

Por eso, el Tribunal amparó el derecho colectivo a la defensa de los consumidores y usuarios. El fallo le da al Distrito un plazo de tres meses para que modifique los contratos de concesión celebrados con los operadores, ajustando los porcentajes asignados para que asuman directamente el costo de la acción de recaudo y los costos de aseo, vigilancia, etc., que hoy asume Transmilenio S. A.

(Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sent. 200302488 (AP), nov. 11/11, M. P. Carmen Alicia Rengifo)