En virtud de la causal prevista en la Ley 2069 del 2020, el criterio objetivo de análisis para determinar si hay lugar a disolución ha sido reemplazado por un parámetro de más amplio espectro.
Pueden solicitar medidas alternativas o de acompañamiento que garanticen su participación en condiciones de seguridad.
Artículo 10 de la Ley 2094 del 2021 no vulnera la cosa juzgada ni reproduce lo declarado inexequible en sentencia del 2002.
Considerar lo contrario implicaría restringir de manera invasiva el derecho al trabajo de los adultos mayores que ya no se encuentren vinculados al servicio del Estado.
La Comisión Primera del Senado inició la discusión de la ponencia de archivo al proyecto y procederá a votarla la próxima semana.
No actualizar el aplicativo para que empresas de seguridad privada pueda registrarse contraría la normativa laboral y migratoria.
En el trámite legislativo no se cumplió con la exigencia de analizar el impacto fiscal de los beneficios tributarios.
El circuito judicial de Facatativá está compuesto por 12 municipios y en la edificación funcionan 26 juzgados de las diferentes jurisdicciones.
Es competencia del presidente de la República establecer la remuneración en la Rama Judicial.
Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año han fallecido más de 3.800 motociclistas a causa de siniestros viales.
Se exhortó al Gobierno y al Congreso a ratificar y aprobar el Convenio C-190 de la OIT, sobre acoso y violencia en el trabajo.
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad por consecuencia del Decreto Legislativo 1276 del 2023, sobre transición energética.
Para configurar la causal se debe demostrar que el propietario participa de alguna manera en la realización del acto ilícito o lo tolera.
Webdox da un paso audaz hacia el futuro al anunciar su compromiso con el escalamiento estratégico basado en la inteligencia artificial.
Para el caso particular de la factura electrónica, la Dian se encargó de desarrollar y administrar la plataforma informática Radian.
En los predios afectados solo había cultivos de uso lícito por lo que se configuró una falla en el servicio.
La definición de esta controversia jurisprudencial es trascendental para las partes de la relación contractual, porque les permitirá prevenir de manera cierta, efectiva y diligente el acaecimiento del rigor extintivo de la caducidad.
Pretender la persecución penal por insultos discriminatorios o de cualquier tipo desconoce la legalidad y el carácter fragmentario del derecho penal.
Las hipótesis que justifican la modificación normativa propuesta por los funcionarios del Gobierno son irreales.
Las EPS autorizadas para recibir afiliados deberán encontrarse habilitadas en los regímenes contributivo y subsidiado.
La calificación es el resultado de un análisis detallado sobre diferentes aspectos de la conducta.
Actualmente, no hay un estándar de confidencialidad que se pueda garantizar en el arbitraje internacional.
El ordenamiento jurídico colombiano respalda el concepto de empresa y, además, reconoce que la libre competencia económica es un derecho de todos.
La Superintendencia de Industria y Comercio ha señalado dos aspectos que comprende el deber legal de informar previamente las integraciones a la autoridad de competencia.
Con ocasión de los 38 años del holocausto del Palacio de Justicia, ÁMBITO JURIDICO habló con Helena Uran Bidegain, hija del exmagistrado Carlos Horacio Uran, sobre su padre y el estado de las investigaciones.
Las tarifas se aplican para las jurisdicciones de lo contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria.
Como una manera de honrar la memoria de los magistrados, servidores públicos y particulares que cayeron en esos hechos.
No se pueden relativizar los derechos derivados de la ocupación ancestral frente a la calificación de ciertos territorios.
La Corte Suprema de Justicia afirma que los acuerdos y aceptaciones de cargos “son género y especie”.
Recientes fallos señalan que la procreación de hijos es un “plus modulativo”, que debe venir coligado a la convivencia.
El incumplimiento dio lugar al cierre temporal del local comercial por tres días.
El constituyente fijó un procedimiento reglado en cabeza del legislador para ello, por lo que el Ejecutivo no puede exceder esa órbita.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra varias expresiones del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal.
El juzgado debía verificar la ausencia de riesgos y garantizar que la opinión de la menor fuera expresada libremente.
Los interesados podrán enviar sus comentarios hasta el 30 de noviembre del 2023.
La doctrina de los actos propios obliga en el contrato de seguro a actuar de manera leal, coherente y consistente.
Los pequeños y medianos cultivadores, vinculados a programas de sustitución de cultivos declarados ilícitos, podrán pagar el 20 % menos en las tarifas.
La norma responde a la finalidad legítima de aumentar recaudo, en el marco del proyecto por reducir la pobreza y la desigualdad.
Estos son los alcaldes y gobernadores que eligieron los colombianos para el periodo 2024-2027.
El ingreso debe ser gravado para efectos de renta, toda vez que la condonación genera un incremento dentro del patrimonio.
Instancias médico-laborales deben concluir que las condiciones de salud no son suficientes ni pueden ser capacitados.
El Consejo de Estado niega tutela que buscaba mantener candidatura, por considerar que las razones del CNE fueron jurídicamente razonables.
La divulgación desmedida de noticias con sesgos mediáticos apenas en los albores de la indagación preliminar es una transgresión de los paradigmas constitucionales.
Un fallo reciente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia reabre este debate.
Se debe ajustar y eliminar la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo.
Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema.
Este profesional tiene la función de gestionar y administrar los riesgos que se pueden presentar dentro de una organización.
Según el artículo 390 del Código Penal, quien pague o entregue dinero para beneficiar a un determinado candidato podría afrontar hasta ocho años de cárcel.
La Corte Suprema de Justicia da un respaldo legal al uso de las tecnologías de la información en Colombia, que, además de ser un derecho humano, beneficia a los consumidores y, sobre todo, la competencia.
La medida resulta razonable y proporcionada, pues desincentiva el consumo de productos que podrían afectar la salud colectiva.
Es posible acudir a múltiples medios de prueba para establecer la existencia de una afectación de salud que justifique el beneficio.
En Colombia y en otros países, las familias multiespecie gozan de un amplio reconocimiento social.
Varios asuntos previstos en la iniciativa y otros más que se encuentran en el proyecto de reforma laboral aumentarán de manera exponencial la litigiosidad en las relaciones laborales.
El proyecto establecería que la Supersociedades puede conceder los beneficios de colaboración señalados en la Ley 1778 de 2016 referentes al soborno transnacional.
Resulta desproporcionada al afectar otras garantías constitucionales, como el derecho a la presunción de inocencia.
La norma busca garantizar la fuente económica de reparación del arrendatario, en caso de que se incumplan las razones de resolución.
Frente a solicitudes de cambio de dotación para dormir antes de los plazos señalados, se debe realizar un diagnóstico de necesidad.
Una vez aceptada la renuncia, es irrevocable, por lo que no es posible admitir la retractación del funcionario.
Por lo que no existía un vacío legal antes de la entrada en vigencia de la Ley 1735 del 2015.
Jueces deben abstenerse de usar la expresión “discapacidad severa, moderada y leve” para referirse a la pérdida de capacidad laboral.
Este profesional tiene la función de gestionar y administrar los riesgos que se pueden presentar dentro de una organización.
La iniciativa incurre en varios equívocos, entre ellos, confiere el carácter de fundamental al derecho de negociación colectiva.
El administrador de una sociedad en ejercicio de su cargo queda vinculado al derecho societario.
Dada la naturaleza jurídica diversa de quienes fungen como corresponsales, cada banco establece sus términos y condiciones.
Toda relación, ya sea laboral, civil o contractual, debe respetar los derechos fundamentales de las personas.
Esto, siempre y cuando no advierta a tiempo de estos peligros, o, advertida, no los remedia.
Los departamentos con el mayor número de hechos violentos registradas fueron Norte de Santander, Arauca, Nariño y Bolívar.
El término de posesión, así como todos los atributos fiscales del activo aportado, se trasladan en el aporte a la sociedad receptora del mismo.
Solo las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva son antecedentes penales y contravencionales.
Ese fue el resultado del proceso de negociación adelantado en la mesa singular que se realizó entre el 11 de abril y el 28 de julio del presente año.
La Aeronáutica Civil tiene potestad reglamentaria, en virtud del artículo 1782 del Código de Comercio.
Según la demanda, el informe de conciliación no se publicó previamente como lo ordena la Constitución, ni se entregó en físico.
La visita familiar contribuye al proceso de resocialización y está relacionada con los derechos a la intimidad personal y la dignidad.
El Consejo de Estado determinó que el signo nominativo corresponde a uno exclusivamente descriptivo de los servicios de la cobertura pretendida de la Clase 38 de Niza.
Se debe asegurar que la educación recibida por los estudiantes con discapacidad dentro de las aulas regulares cumpla estándares de calidad.
El concepto fiscal muestra un aumento al año 2.100 del Pasivo Pensional de la Nación, correspondiente a 40 puntos del PIB aproximadamente.
Con la entrada en vigencia de la Circular Externa 006/21, el método para la valoración de los títulos de participación inscritos en el RNVE y listados en bolsas de valores, sistemas de negociación de valores o susceptibles de ser registrados en sistemas de registro de valores en el país cambió.
Continuará rigiendo para los contribuyentes que hubiesen cumplido condiciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 2277 del 2022.
Deberá ser disfrutada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de nacimiento o la entrega del menor adoptado.
Los fallos cuestionados consideraban necesario implementar espacios de diálogo sobre los nuevos procedimientos.
Salvo cuando alguno de los contrincantes rompa las condiciones de equilibrio del combate.
Amparan el debido proceso de estudiante que fue señalado y sancionado por supuestamente participar en protesta social.
La Corte Constitucional analizó una tutela relacionada con una lesión ocular sufrida en medio protestas estudiantiles en agosto del 2018.
Estos límites rigen del 1º de octubre al 30 de septiembre del 2024.
El juez debe analizar y verificar el cuadro que le ofrecen las pruebas, inclusive ahondando más allá de lo expuesto por las partes.
La falta de atención de las cuestiones de género y de acción concreta para abordar estas discriminaciones perpetúan la desigualdad en el mundo laboral.
Certificados de depósito de ahorro a término (CDAT) hacen parte de la sección de ahorro de los establecimientos bancarios.
El Icetex indicó que acata la determinación de la Corte Constitucional, que declaró inexequible el artículo 95 de la reforma tributaria.
El perito Kevin Palacio afirma que es extremadamente viable resolver un caso con IA.
La incorporación del enfoque diferencial etario y la exigencia de su aplicación en toda decisión, política pública y ley es imperativa.
La norma debió señalar que es nulo de pleno derecho cualquier consentimiento informado que autorice la aplicación de biopolímeros o sustancias no permitidas.
Esta tecnología puede ser útil para ayudar a optimizar las tareas administrativas que son de naturaleza mecánica o repetitiva, pero críticas para la administración de justicia.
Por modificaciones normativas, el tiempo de uso de los automotores adscritos a la modalidad especial pasó de 20 a 24 años.
Se grava la actividad siempre que, en el año gravable correspondiente, tenga una renta gravable igual o superior a 30 mil UVT.
La norma prorrogó las medidas generales, pero expresamente excluyó la prolongación de sus disposiciones tributarias.
La cartera señala que esta reforma se acoge a las posibilidades financieras de la Nación.
Cada sociedad tiene que discutir qué vehículos quiere tener para lograr la transición energética y los demás objetivos del sector del transporte.
No existe norma que regule el uso de teléfonos privados por parte de funcionarios públicos. Deben cumplir funciones con diligencia.
Si se configura un contrato realidad se deben aplicar las reglas previstas para el contrato laboral a término fijo.
La trabajadora tiene derecho a 18 semanas en la época de parto, remuneradas con el salario que devengue en ese momento.
Bogotá no está enfrentando ni enfrentará una crisis sanitaria o ambiental por cuenta de la operación de los cementerios públicos.
El funcionario cuestionado recibió dádivas con el fin de favorecer a uno de los sujetos procesales y no imputarle un delito.
Propone crear un plan de estabilización financiera para el sistema que incluya tres puntos fundamentales.
El CGP no regula lo concerniente a la sustentación del recurso en primera instancia, por lo que es imposible remitirse a este estatuto para efectos de determinar el trámite.
El Gobierno pasado vulneró los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación en el marco de las protestas sociales del 2021, en Cali.
La norma no delimita número de solicitudes que puede presentar un empleado, independiente de que sea sobre diferentes inmuebles.
Cinco personas fueron vinculadas, entre ellas un exalcalde y su hermano.
El trámite de inscripción de la lista respetó el acuerdo de coalición.
No una transcripción, pues se trata de un proceso oral donde la exigencia de la transcripción para formar un expediente escrito no aplica.
Si se demuestra que la relación perduró por un tiempo considerable, es posible deducir la existencia de un vínculo laboral.
Con fundamento en los deberes adquiridos por Colombia al adherirse al Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Se amparan los derechos fundamentales a la salud, vida digna y trabajo por el impacto en el campo laboral de las enfermedades mentales.
La inhabilidad prevista en la Ley 136 de 1994 se predica del ejercicio de autoridad civil, política y administrativa.
Admiten demanda contra normas sobre participación en contratación y compras públicas mediante asociaciones público populares.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 65 de la Ley de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Existe en el país la necesidad de profundizar en la historia de los derechos humanos, desde el movimiento de defensa de estos.
Preguntamos a expertos si es eficiente la normativa existente en materia de acoso laboral o el trabajador se siente inseguro y temeroso de denunciar.
Libro de actas de asamblea general o el máximo órgano directivo que haga sus veces constituye prueba idónea de las decisiones adoptadas.
O la devolución del dinero pagado en caso de no haberlo recibido, tratándose de operaciones mediante comercio electrónico.
Las primeras exportaciones de carne bovina se darían en el primer trimestre del 2024.
Devolución de impuestos puede hacerse en las cuentas bancarias de los mandatarios de los contribuyentes
Representantes legales de entidades públicas no pueden surtir interrogatorio de parte que conlleva implícitamente a la confesión.
Por haber celebrado un contrato interadministrativo dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.
La expedición de la Ley 2101 del 2021 nos lleva a reflexionar sobre varios aspectos fundamentales en busca de equilibrar los intereses de todas las partes involucradas en la relación laboral.
Se calculará la mediana de las simulaciones de cada tipo de fondo y publicará el valor del componente prospectivo a más tardar el 29 de septiembre del 2023.
Salvo la posibilidad de que puedan disminuir y simplificar el monto de las sanciones y el término de la aplicación. q
El propósito central de la ley está dirigido a que el menor no declare, aunque si lo desea puede hacerlo.
Según las investigaciones, son 67 personas las afectadas por esta sociedad.
Al tratarse de actos sin cuantía la tarifa corresponderá a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.
La norma demandada no entraba en contradicción con lo establecido por la Ley 1821 del 2016.
Frente a los recientes hechos ocurridos en el país, es necesario abordar algunos aspectos clave que nos servirán como lecciones aprendidas.
Cuando se trata de prever y evitar escenarios que puedan llevar a la pérdida de los derechos sobre una obra, debemos ser diligentes y cautelosos.
Productor y/o proveedor debe expresar por escrito y sustentar las razones para aceptar, hacer efectiva o negar la garantía.
El mercado digital evolucionó y continúa en constante cambio, a la par que Colombia pierde oportunidades para analizar la cuestión de fondo y ordenarla con la importancia que merece.
Mineducación debe formular lineamientos que faciliten a la población migrante el acceso a programas de educación.
El abogado Diego Gómez Martínez, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, señala que más que obligatoria, esa creación jurisprudencial corresponde a una norma constitutiva.
Si este derecho (a la movilización) se da por constreñimiento de autoridad pública, deja de ser libre y pasa a ser una vulneración al derecho a la libertad de expresión.
En el país, este régimen no es del todo inmutable, pues la autonomía de la voluntad cobra especial protagonismo.
La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 12 de la Ley 2272 del 2022, por vulnerar principio de igualdad.
Adicionalmente, se consideran como de fantasía.
Corresponde a una actividad de gestión de activos, en los términos del numeral 8 del artículo 906 del Estatuto Tributario.
Instituciones estatales deberán adoptar protocolo contra la violencia de género y proporcionar salas amigas de lactancia.
Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure a ellas y a sus familiares salud y bienestar.
Se mantiene la certificación a Colombia por su lucha y adecuado enfrentamiento al fenómeno de las drogas ilícitas.
El FRV se creó como una cuenta especial sin personería jurídica administrado por la UARIV, entidad descentralizada por servicios.
Esta consideración no se relaciona con las funciones de las dependencias a las que son adscritos, sino a la competencia funcional.
Verificación de autenticidad del contenido de dicha declaración se realiza mediante sistema de muestreo o selección al azar.
Admiten demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 20 y 225 del Código General Disciplinario (Ley 1952 del 2019).
Celebramos que la Corte Suprema se pronunciara, de manera transparente, sobre algo que prácticamente todos los litigantes ya hacían, pero que temían admitir. Aclarar las reglas beneficia a todos los actores del proceso.
Según la demanda, existe violación de la supremacía constitucional, por incorporar contenido de una reforma constitucional.
Salvo las excepciones taxativas a la suspensión que contemplan las Resoluciones 30, 31, 41 y 50 del 2020, expedidas por la Dian.
El proyecto fue radicado por los congresistas Alejandro García y Julio César Triana.
Según la demanda, disponer consecuencias jurídicas adversas al consumidor comporta un efecto represivo e intimidador.
Corresponde al consumidor demostrar la existencia de información y/o publicidad engañosa, aportando pruebas documentales.
El cumplimiento de las obligaciones que contiene debe llevarse a cabo según los términos establecidos por las partes.
Los nuevos obligados deberán presentar sus declaraciones a través de los servicios informáticos de la Dian, haciendo uso del instrumento de firma electrónica.
La circular establece el plazo y requisitos mínimos para la presentación de los informes.
El debate fue citado por los congresistas Sandra Jaimes y Gustavo Moreno.
Dentro de un sistema de relaciones familiares, las tareas de cuidado del hogar no pueden ser un obstáculo o una carga adicional para las mujeres y contra sus posibilidades laborales.
El objetivo de la restricción es que no se desvirtúen los intereses de la empresa unipersonal y su proyección en el mercado.
Es importante aclarar que no todas las firmas se encuentran en una misma etapa, y cada una tiene un nivel de madurez digital diferente, por lo que no se puede generalizar.
La Constitución Política prevé el deber del ciudadano de tributar para contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de los conceptos de justicia y equidad.
Corresponde al jefe respectivo de cada entidad establecer el horario de trabajo e implementar los mecanismos que considere necesarios para que la jornada laboral sea cumplida.
El debate sigue en pleno auge, a la vez que Colombia necesita, con urgencia, más efectividad en la acción de los órganos de control e investigación.
Según la CNDJ, el profesional estuvo atento a las directrices de los juzgados e intentó de manera permanente cumplir su gestión.
Se modificarán las notificaciones del proceso de recogida, se reducen de 16 a máximo 3.
La DIAN compila doctrina oficial emitida sobre la Ley 2277 del 2023, para efectos de facilitar su búsqueda y consulta.
El dr. Kevin Palacio comparte una serie de recomendaciones cruciales para las personas que se encuentren en la desafortunada situación de sufrir un accidente de tránsito.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con Valérie M. Saintot, abogada y sicóloga experta en inteligencia artificial, miembro activo del Liquid Legal Institute y exdirectora legislativa del Banco Central Europeo.
Esta figura es garante de los derechos de los menores, siempre que prevalezcan sus intereses, por encima de las pretensiones egoístas de los padres.
El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.
El Decreto 1072/15 establece taxativamente las excepciones al trabajo asociado, donde sí aplica el Código Sustantivo del Trabajo.
En aquellos casos en los cuales se logra la práctica de la notificación por correo en un día inhábil, se entenderá practicada hasta el día hábil siguiente.
Estas normas y reglas generarán altos costos para los países exportadores e importadores y pueden terminar asumidos por los productores.
Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.
Se deben atender prescripciones de orden y seguridad establecidas en el reglamento interno de trabajo, en los términos del artículo 108 del CST.
Son 57 las cámaras de comercio de todo el país que deberán pagar esta contribución.
La contribución no pagada dentro del plazo señalado causará los mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complementarios.
Es obligación de las compañías aseguradoras recaudar, desde el 26 de noviembre del 2021, la diferencia de la contribución de esa anualidad.
Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.
Son cuatro los requisitos que se deben acreditar para que procedan las pretensiones de un proceso reivindicatorio.
Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.
Grupos de WhatsApp son un mecanismo idóneo para estar en constante comunicación y contacto con la oficina durante el trabajo en casa.
Según los demandantes, se vulneraba el debido proceso, en lo relacionado con los principios de independencia e imparcialidad judicial.
La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.
Solo de esa forma se garantiza el derecho del usuario a una administración de justicia efectiva.
Al parecer, la Dian desatendió definiciones expresas que consagró el legislador extralimitando de esa manera su función de interpretación.
La prestación de los servicios públicos domiciliarios deberá responder a criterios de calidad y continuidad.
En este periodo el trabajador recupera sus fuerzas intelectuales y físicas, entre otras actividades de reconocimiento como ser humano.
Demostrar la calidad de madre cabeza de familia es indispensable para lograr la protección especial y reforzada del Estado.
La Ley 2101/21 se refiriere únicamente a la disminución de la jornada laboral máxima legal de 48 horas a 42 horas semanales.
No puede operar una restitución de términos en favor de la Administración, pues la entidad se beneficiaría de su propia culpa.
La primera compensación económica para los taxistas se entregará en los últimos días de septiembre.
Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.
La Ocad Regional podrá designar el ejecutor de los proyectos de inversión, el cual deberá ser de naturaleza pública y cumplir con lo establecido en la Ley 2056 del 2020.
Este deber, además de responder a la necesidad de publicidad, dota de seguridad jurídica los negocios y hace oponible sus efectos.
Resulta plenamente abusivo que se favorezca un enriquecimiento sin causa alguna, máxime cuando nunca se prestó servicio alguno.
Surge preguntarnos si las sociedades actuales conocen sus estatutos superiores y su funcionamiento, y si tienen en su interior arraigado el reconocimiento de su magnitud.
Los cambios normativos de los último 15 años han modificado el plano jurídico que reglamenta el arbitraje en Colombia.
Es preciso dotar a esos jueces bienintencionados de instrumentos que les permitan despojarse de tramitaciones eternas y, a veces, repetitivas e inútiles.
