“El Palacio de Justicia es una ruptura democrática que tuvo repercusiones nefastas para el país”

Los días 6 y 7 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia y desató una tragedia que aun 38 años después reta al país a enfrentar la verdad de lo ocurrido, no solo por el papel de los insurgentes, sino por la retoma por parte del Ejército y las violaciones de derechos humanos de civiles indefensos que fueron torturados, desaparecidos y asesinados.

ÁMBITO JURIDICO habló con Helena Uran Bidegain, hija del exmagistrado Carlos Horacio Uran, sobre su padre y el estado de las investigaciones sobre el holocausto.

Uran es autora del libro Mi vida y el Palacio, un homenaje a su padre, pero también un ejercicio de memoria y denuncia por la impunidad del caso.

ÁMBITO JURÍDICO: Nos gustaría conocer sobre Carlos Horacio Uran, ¿cómo describiría a su padre?

Helena Uran Bidegain: Era una persona que leía mucho, trabajaba mucho, con mucho entusiasmo y alegría. Disfrutaba estar con sus hijas y los encuentros con sus amigos, cantaba en la casa, echaba chistes y ese es como el recuerdo que tengo de él.

Ya después lo que tengo es la idea construida a partir de lo que cuenta mi mamá y sus amigos y lo que he leído de él, era una persona que vivía acorde a la fe de Cristo, su manera de llevar la vida era donde él ponía en práctica los principios del cristianismo, la igualdad, la solidaridad, el trabajar por los más pobres. Entender la religión desde la mirada de los pobres y además desde la realidad latinoamericana hace que participe desde el inicio en la Teología de la liberación con intelectuales latinoamericanos, así que tenía vínculos estrechos a lo religioso, pero nunca de manera de ir a la parroquia, era la manera de vivir a diario.

Se tuvo que esforzar mucho por de dónde venía, una familia no particularmente pudiente, salir a estudiar fue un esfuerzo muy grande.

Era muy comprometido con la justicia social y así lo ejercía en su trabajo como magistrado y también en sus clases de ciencia política.

También era crítico de la lucha armada, así como era crítico del militarismo y la relación Ejército y fuerzas políticas y económicas de este país, pero tenía una postura bastante abierta, liberal, no sé si decir progresista, nunca entendió la lucha armada como una posibilidad de lograr un cambio.

Á. J.: Cada año, altos dignatarios del Estado conmemoran la tragedia del Palacio de Justicia, pero usted señala que el sistema judicial colombiano fracasó en aclarar la magnitud de lo ocurrido, ¿nos puede desarrollar este señalamiento?

H. U. B.: Cada año se conmemora la tragedia, pero de una manera en la que no se comunica con el resto de la sociedad, las cosas no se llaman por su nombre, se evade hablar de responsabilidades y de crímenes de Estado, en las que se hace una diferenciación, quizás cada vez menos, entre los familiares que pertenecían a las altas cortes y los que no, esto no es una conmemoración que ayude a la sociedad a tramitar lo que sucedió allí. Hablo de un trauma porque es un suceso con el que todo el mundo tiene una historia que contar, pero que nadie sabe realmente qué sucedió y hay cientos de vacíos, a nivel personal, familiar, institucional y a nivel de Nación, y ese trauma se mantiene y no trasciende para convertirse en algo que lleve hacia otro estadio, no se transforma en nada, no hay una posibilidad de sanar, porque se evade, se esconde, se niega.

El hecho de haber construido un nuevo edificio en el lugar donde pasaron esos crímenes y esas atrocidades es reflejo del negacionismo sobre lo que sucedió y aquí puedo dar unos ejemplos concretos para dimensionar cómo se ha manejado en Colombia. Si tenemos en cuenta que el parlamento alemán fue quemado y después reconstruido, no lo tumbaron, sino que lo reconstruyeron; lo mismo sucedió con el Palacio de la Moneda en Chile, que lo bombardearon, no lo destruyeron, sino que lo reconstruyeron, en cambio en Colombia lo que hicieron fue destruirlo e intentar hacer borrón y cuenta nueva y cuando se conmemora en ese espacio no hay una mención sobre las atrocidades que sucedieron ahí y eso es perjudicial para toda la Nación.

Negar, relativizar la discusión sobre quién tiene la culpa no permite que avancemos, porque es la memoria trabajada la que permite llegar a otros escenarios y ojalá a la no repetición. Acá estamos hablando del ataque de las Fuerzas Armadas a una de las ramas del Poder Público, a la Rama Judicial, y después la misma justicia acata esa agresión y se doblega y no vuelve a hablar de lo que sucedió ni a exigir que se esclarezca lo que pasó, es realmente una tragedia para todo el desarrollo del país.

Á. J.: ¿Cuál es el estado de cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su sentencia del 2014?

H. U. B.: Los avances que ha habido fueron con relación al jefe de toda la operación, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, que fue condenado, y otros casos aislados, pero queda casi todo por hacer. Todavía hay personas que siguen desaparecidas, que solo un militar haya sido sentenciado es absolutamente dramático.

En el caso de mi papá esa es la peor de todas las situaciones, pues no ha avanzado nada desde el 2010, antes de ser estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Á. J.: Para usted, los jueces no solo fueron abandonados el 6 y 7 de noviembre, sino ajusticiados, en particular por el caso de su padre, ¿en qué estado se encuentra la investigación por la muerte de su padre?

H. U. B.: El caso de mi papá es el que tiene más pruebas, sin embargo, los de Manuel Gaona, Álvaro  Medina Moyano, Alfonso Reyes Echandía y Emiro Sandoval todos aparecieron con disparos que no eran de armas de la guerrilla, que saque cada uno sus conclusiones, pero si las balas no eran de ellos, entonces solo hay una explicación.

Á. J.: ¿La versión de que no hubo desaparecidos y que los cuerpos estaban confundidos con restos de otras víctimas es creíble para las familias o, de aceptarla, qué otros derechos se violaron?

H. U. B.: Evidentemente es una falacia, una agresión y un intento por mantener el relato de una parte de los dos guerreros; si los que tenían las armas cometen el crimen, los funcionarios de la justicia se encargan de perpetuarlo, lo hacen manteniendo la impunidad y acentuando argumentos mentirosos, agresivos y violentos que desde el principio usaron las Fuerzas Armadas, con la excepción de la fiscal Ángela María Buitrago y su equipo, que pagaron el precio por haberse atrevido a tanto.

La condena de la Corte IDH es clara en que hubo desaparecidos, aunque acá se plantea la hipótesis de que no hubo. No es algo creíble en el caso de mi papá, lo intentaron desaparecer, nosotros recuperamos el cadáver, pero toda la maniobra demuestra el modus operandi para desaparecer a otras personas, hubo una intención clara de usar la infraestructura de la ciudad para desaparecer de una manera eficaz y engañar a todas las familias y a la sociedad.

Á. J.: Algo que reafirma este caso es la importancia de la preservación y acceso a los archivos de inteligencia, ¿cree que se conocerán más detalles, especialmente desde el Archivo Nacional de EE UU?

H. U. B.: Los archivos de inteligencia de EE UU pueden tener información más precisa que llene vacíos, creo que sería una manera de reivindicar la actuación de ese país en estos hechos, el poder dar acceso a estos archivos y tener la posibilidad a través de ellos de llegar a consensos, esperemos que sea así, se han encontrado algunos archivos con información relevante pero todavía está todo por encontrarse.

Á. J.: Llaman la atención en su libro las divisiones sociales que percibió, no solo por la forma en que las autoridades clasificaban a los sospechosos por su aspecto, también por la estratificación en el reconocimiento a las víctimas según familias de magistrados, magistrados auxiliares o empleados de la cafetería, ¿esta tragedia es un reflejo del clasismo nacional?

H. U. B.: Claro, actuaron acorde a la idiosincrasia y mentalidad clasista y discriminatoria hasta en momentos extremos, han sido las personas más violentadas, los más pobres y aquellos que han pensado diferente al establecimiento los afectados. Quien llevaba un arete o el pelo más largo era tachado de guerrillero o cualquier connotación negativa desde esa mentalidad militarista y castradora y eso ha traído mucho mal. Es la incapacidad de ver en la diferencia el potencial que tiene Colombia a través de la diversidad étnica, acá se ha pensado que entre ser más europeo se es más valioso. Lo que yo supe de cuando iban seleccionando a las personas rescatadas, además de las fichas de inteligencia, era que se escogía acorde al aspecto de la persona a quienes se consideraban sospechosos.

Á. J.: ¿Cuál sería una conclusión sobre el caso del Palacio de Justicia?

H. U. B.: Creo que la conclusión es que es el episodio más grave y profundo en términos de institucionalidad, es una ruptura democrática que tuvo repercusiones nefastas para el país, no hay más que fijarse en qué pasó después, una justicia debilitada, con esos hechos se le demostró quién tenía el poder, se le doblegó, se le politizó y nunca más tuvo el valor que tuvo la corte del momento; un militarismo reforzado, un ascenso del paramilitarismo, el genocidio de la UP se disparó y una serie de atrocidades que parten con la masacre del Palacio de Justicia no resuelta en la que no se exigió rendir cuentas a nadie, se limitaron a decir que fue culpa de la guerrilla y aunque tuvo responsabilidad se le amnistió sin aportar verdad y al Ejército no se le cuestionó ni tampoco se hizo lo que se debió haber hecho con el Ejecutivo.

En países donde ha habido quiebres democráticos se ha hecho de otra manera y ha permitido que las sociedades transiten a otras fases donde se proteja la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho.