El Código Disciplinario del Abogado señala que demorar los procesos es una falta que puede castigarse con multa, censura, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión.
Pese a la expectativa que creó la Ley 1395 del 2010, el Gobierno continúa en la búsqueda de medidas para aliviar las cargas de los operadores judiciales.
La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 38 de la Ley de Presupuesto Nacional, que ordenaba incorporarlas, según la disponibilidad de recursos.
De la norma, se destacan la eliminación del pasado judicial, de los certificados de supervivencia y de las declaraciones extrajuicio para resolver peticiones ciudadanas ante entidades públicas.
La Corte Constitucional se inhibió para pronunciarse de fondo frente a la demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Formalización y Generación de Empleo.
La Corte Constitucional sostuvo que los procuradores delegados pueden ser desvinculados por razones subjetivas del Procurador General, como la desconfianza.
Según la Sección Segunda, con el levantamiento de una medida penal, se retrotraen las cosas al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión.