Para la Procuraduría General de la Nación, la perspectiva de la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia no se logra con la adscripción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al nuevo Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. En carta enviada a diferentes organismos del Gobierno Nacional, el Ministerio Público manifestó su preocupación por estimar que los derechos y la atención de los menores no se pueden equiparar con la población pobre, los grupos vulnerables, la población víctima de la violencia y la población discapacitada. Señaló además que con dicha organización se podrían “desnaturalizar las funciones de ese instituto, puesto que la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia no debe darse a través de las mismas políticas sociales”.