La Corte Constitucional publicó el texto del fallo que declaró exequible la Ley 1425 del 2010, en la que se eliminó el reconocimiento del incentivo económico a los actores populares. El demandante argumentó que se estaba desconociendo el principio de igualdad entre los actores populares y quienes denuncian hechos punibles, a quienes sí se les entregan recompensas estatales. A juicio de la Corte, no existe una relación de igualdad entre estas dos instituciones, pues aunque en ambos casos se trata del desembolso de una suma de dinero a quienes realizan alguna actuación ante la administración de justicia, la acción popular constituye un derecho político de los ciudadanos en procura de la salvaguarda del interés colectivo, mientras que las denuncias de crímenes susceptibles de recompensa son modalidades de colaboración con la administración de justicia o para la obtención de beneficios jurídico penales (M.P. María Victoria Calle Correa).