El Gobierno acaba de publicar el Decreto 19 del 2012, que dicta normas para suprimir o reformar algunos trámites que se adelantan ante la administración pública. La norma, de 237 artículos, enfatiza que cualquier diligencia que se deba adelantar ante las autoridades será sencilla y sin complejidad. En adelante, se prohíben las declaraciones extrajuicio para tramitar cualquier actuación administrativa. Así mismo, se impide exigir como requisito previo para obtener una decisión administrativa la interposición de una acción judicial, la exigencia de documentos que reposen en la entidad y la comprobación de pagos anteriores a la administración o ante particulares que cumplan función administrativa. También, se suprime el requisito de huella dactilar en todo documento, trámite o actuación. El decreto contiene disposiciones sobre diversos temas, relacionados con servicios públicos, derechos de autor, trámites en el exterior, impuestos y tránsito y transporte, entre otros.