La Procuraduría General de la Nación reiteró la necesidad de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) elabore un protocolo con directrices claras para los procedimientos y declaraciones de adoptabilidad de menores. El pronunciamiento lo hizo al resaltar el fallo de la Corte Constitucional (Sentencia T-844 del 2011) que revocó una sentencia de adopción y amparó los derechos de una adolescente a tener una familia y no ser separada de ella. El Ministerio Público reiteró el interés superior de los menores y el cuidado que se debe seguir en los procedimientos administrativos respectivos.