Pese a la expectativa que, a mediados del 2010, creó la Ley de Descongestión Judicial (L. 1395/10), el Gobierno continúa en la búsqueda de medidas para aliviar las cargas de los operadores judiciales. De hecho, ese fue uno de los puntos que motivó la reforma a la justicia que ocupó parte del debate jurídico en el 2011.

Mientras tanto, algunos artículos de la Ley 1395 del 2010 pasaron por el examen de la Corte Constitucional. Las normas destinadas a descongestionar la justicia laboral fueron las que salieron peor libradas. El alto tribunal declaró inexequibles la regulación de la competencia por razón del lugar, la posibilidad de ordenar el pago anticipado de las pretensiones sobre derechos ciertos e irrenunciables del trabajador, el aumento de la cuantía para recurrir en casación y la multa por promover demandas de casación que no reúnan los requisitos.

En materia civil, pasó la prohibición de objetar el dictamen pericial en los procesos verbales. También se declaró exequible la exigencia de pruebas para el trámite conciliatorio, pero se eliminó la posibilidad de inadmitir esas pruebas en el proceso, si no se aportan en esa etapa.