Cuando un atentado terrorista resulta previsible porque las autoridades tienen indicios sobre su ocurrencia, el Estado está en la obligación de prestar la protección que se requiere y, por lo tanto, el incumplimiento de este deber configura la falla del servicio. Sin embargo, esta previsibilidad no solo se aplica al acto terrorista, sino a todo el escenario que lo enmarca, esto es, las consecuencias que se derivan del mismo. Es decir, las autoridades deben verificar las zonas objeto de combate debido a que pueden quedar elementos bélicos que causen perjuicios a los pobladores del sector. Por tal razón, el Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños causados por la muerte de un campesino, ocasionada por la explosión de un maletín que contenía explosivos y que fue abandonado por la guerrilla cuando atacó el municipio de Cabrera (Cundinamarca), en agosto de 1997 (C. P. Jaime Orlando Santofimio).