Mediante el Decreto 4934 del 2011, el Gobierno ejecutó la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación en contra de Carlos Alberto Palacios Palacio, gobernador del departamento del Putumayo para la época de los hechos, consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el término de 12 años, por irregularidades en contratación.