El Gobierno sancionó ayer la Ley 1508 y estableció el régimen jurídico de las asociaciones público privadas. Según la norma, los particulares podrán presentar proyectos de infraestructura mediante este tipo de contratación, asumiendo los riesgos y su financiación. Sin embargo, se requiere que dichos proyectos superen los 6.000 salarios mínimos. La ley no se aplicará a las sociedades de economía mixta con participación del Estado inferior al 50 %, a las empresas de servicios públicos domiciliarios y a las empresas industriales y comerciales del Estado, cuando desarrollen actividades comerciales en competencia con los sectores privado o público.