Lo hizo a través de una carta que presentó ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Solo se requiere comprobar subordinación total o parcial respecto de los ingresos de otra persona para cubrir necesidades básicas.

El auxilio de transporte cubre los gastos relacionados con la movilización de los empleados desde su casa hasta el sitio de trabajo.

Mineducación debe formular lineamientos que faciliten a la población migrante el acceso a programas de educación.

La elección se dio en la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en Perú.

No se trata de un vínculo circunstancial, como podría ser el propietario de un establecimiento que no administra personalmente.

Frente a los actos contractuales el legislador delimitó su discusión únicamente al debate sobre su legalidad.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 12 de la Ley 2272 del 2022, por vulnerar principio de igualdad.

Instituciones estatales deberán adoptar protocolo contra la violencia de género y proporcionar salas amigas de lactancia.

Después de 30 días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose el infractor vinculado al mismo.

Todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure a ellas y a sus familiares salud y bienestar.

Esta consideración no se relaciona con las funciones de las dependencias a las que son adscritos, sino a la competencia funcional.

Verificación de autenticidad del contenido de dicha declaración se realiza mediante sistema de muestreo o selección al azar.

Su protección dependerá del cumplimiento de los supuestos fácticos previstos en la norma para cada uno.

La resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todos los actos y demás disposiciones contrarias.

Admiten demanda en contra de los artículos 135 y 169 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 (Ley 2294/23).

Según la demanda, existe violación de la supremacía constitucional, por incorporar contenido de una reforma constitucional.

La norma no dispone que el examen de egreso prescriba, sino que, vencido el término, el retirado deberá practicarlo.

IX Congreso Colombiano de Contratación Pública. Cartagena 2023.

La normativa deja clara que la provisión de empleos mediante la figura de encargo tiene carácter transitorio y en ningún momento generará derechos de carrera administrativa.

575 vacantes no requieren experiencia, oportunidad para jóvenes recién egresados de programas técnicos o profesionales que deseen ser servidores públicos.

Las autoridades ambientales fijarán lineamientos para la formulación de una política pública encaminada al diagnóstico previo del problema de pasivos ambientales.

Se trasladarían los procuradores judiciales y otros funcionarios para fortalecer a la Rama Judicial.

Cuando las afirmaciones entren en conflicto con otros derechos puede optarse por acciones que limiten el derecho constitucional.

Corresponde al jefe respectivo de cada entidad establecer el horario de trabajo e implementar los mecanismos que considere necesarios para que la jornada laboral sea cumplida.

Celebración de los contratos estatales mediante contratación directa no puede comportar el ejercicio arbitrario de la libertad contractual.

La sala especial de seguimiento a la Sentencia SU-020/22 documentó y sistematizó denuncias y documentos sobre desprotección.

El objetivo es ubicar a esas personas en igualdad de condiciones a las personas que no están en situación de discapacidad.

El Ministerio Público señaló que vulneraron el derecho fundamental al debido proceso del Ministerio Público.

La situación de humedad atenta contra la salud, seguridad e integridad personal de la población privada de la libertad, e incluso de los funcionarios que allí laboran.

La propiedad del bien la detenta el establecimiento de crédito y no el locatario, quien lo puede adquirir con posterioridad.

Según los demandantes, la inobservancia del principio de publicidad condujo a la ausencia de conocimiento de los congresistas al momento de votar.

Se configura el hecho y/o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad estatal.

El principio de buena fe en la devolución de prestaciones periódicas se debe desvirtuar.

Salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa que están reservadas proponer al demandado o ejecutado en la contestación de la demanda.

El Congreso excede sus facultades cuando excluye bienes que podrían tener relevancia histórica, cultural y arqueológica

Corresponde al Consejo Nacional Electoral asignar de manera inmediata los espacios adicionales en medios de comunicación social.

Se trata de una obligación concreta que debe ser observada en el marco del principio de progresividad.

Las disposiciones cuestionadas extralimitaban las facultades extraordinarias previstas en el Acto Legislativo 04 del 2019.

Es importante adoptar medidas para investigar, sancionar, informar a los familiares el paradero del desaparecido e indemnizarlos.

Durante este periodo el servidor accede a un derecho consistente en un descanso remunerado que le permita renovar fuerzas.

Es necesario cumplir las previsiones legales que hacen oponible la transmisión del derecho a una tercera persona.

La Superintendencia de Sociedades actuó conforme a la ley y la demandante no acreditó el daño antijurídico.

La comunidad indígena Inga solicitó el amparo de sus derechos, por considerarlos vulnerados frente a la construcción de una vía.

Las mujeres cabeza de familia con pena de prisión igual o inferior a ocho años podrán gozar de este beneficio.

Uno de los principales objetivos es la ampliación de los medios de publicidad y difusión de la convocatoria.

Todos los ciudadanos pueden constituir veedurías, sin que en ningún caso sean considerados funcionarios públicos.

En este periodo el trabajador recupera sus fuerzas intelectuales y físicas, entre otras actividades de reconocimiento como ser humano.

El acto que tiene la aptitud para impedir la caducidad es el requerimiento para declarar y/o corregir.

Dicha causa puede consistir en un hecho, una omisión, una operación o un acto administrativo de contenido particular.

Si la red hubiera estado adecuadamente ubicada se habría demostrado que fue la víctima quien entró en contacto con ella.

Las inhabilidades son taxativas, es decir, están expresamente consagradas en la Constitución o en la ley y su interpretación es restrictiva.

La Ocad Regional podrá designar el ejecutor de los proyectos de inversión, el cual deberá ser de naturaleza pública y cumplir con lo establecido en la Ley 2056 del 2020.

Siempre y cuando no se trate de una prerrogativa pública con las características y el alcance de las previstas en la Ley 80 de 1993.

Además de pagar más de $ 284 millones, la cuestionada deberá informar a los consumidores sobre intermitencias o latencias.

La autora de la iniciativa es la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano.

La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión “la resolución de conflictos societarios”.

El Decreto 398/20 es la normativa que se encuentra vigente.

Las cuestionadas habrían aparentado ser competidoras, pero en realidad habrían coordinado las probabilidades de ser adjudicatarias.

El jefe de Estado les explicó a los representantes gremiales cómo busca la industrialización de Colombia, a través de la adopción de una economía descarbonizada.

Osorio será magistrado de la Sección Primera, Portocarrero ingresa a la Sección Segunda y Barrera a la Tercera.

La jurisprudencia colombiana ha avanzado de manera favorable y coordinada en la precisión de los escenarios en los que debe declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad.

Ley estatutaria que define participación política de los servidores públicos no ha sido presentada ni debatida por el Congreso.

En el caso concreto, la cancelación del evento obedeció a problemas administrativos u operativos únicamente atribuibles al empresario.

El objetivo de esta directiva presidencial es dar cumplimiento a los porcentajes de vinculación laboral de personas con discapacidad.

El decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Se ordenó devolver el auto a la misma jurisdicción para que se pronuncie de fondo sobre el recurso que presentaron los accionantes.

Se demostró que la alta corte incurrió en defecto fáctico al declarar el hecho de un tercero cuando no era procedente.

Tribunal incurrió en defecto sustantivo al aplicar erróneamente el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo.

Contratos celebrados entre EPS e IPS privadas no son estatales y no se les puede vincular con delitos de contratación estatal.

La medida plantea que los perros considerados peligrosos porten bozal y sean paseados con correa de manera obligatoria.

Es necesario que los dos empleos tengan funciones y requisitos similares entre sí.

Colombia sería el segundo país en Latinoamérica en implementar este sistema, actualmente este mecanismo funciona en Chile.

La suspensión en el ejercicio de un empleo público consiste en la separación temporal del ejercicio de las funciones.

El tiempo durante el cual el empleado está en vacaciones debe ser usado exclusivamente para que descanse y recupere fuerzas.

En todo caso, se deben vincular a las personas interesadas dentro del proceso administrativo que culmina con el acto de registro.

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución, esa facultad le corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

Ante el ICETEX se debe acreditar entre otras cosas el registro del SISBEN.

La norma dispone condena en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Los comportamientos contrarios a la convivencia no se constituyen como delitos contra la administración pública.

Se le condenó a 13 años, nueve meses y cinco días de prisión.

En el proceso no podrán actuar como apoderados de otro ciudadano, pues estarían representado el interés de otro, como abogados.

Tal determinación se da en el contexto de la decisión de autoridades de EE UU relacionada con Aval y el caso Odebrecht, que generó una millonaria multa al grupo colombiano.

Las dos partes afirmaron que “el signo distintivo de este proceso es la construcción democrática de la paz con la participación de la sociedad colombiana en su diversidad”.

Por trascendencia social, el Consejo de Estado unificará su jurisprudencia sobre las sanciones a funcionarios elegidos por voto popular.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo avocó el conocimiento del recurso de súplica para proferir auto de unificación de su jurisprudencia.

Se debe estudiar la posibilidad de incluir el resarcimiento como figura complementaria de la acción sancionatoria.

El Inpec y la UNP deben establecer acciones apropiadas frente al riesgo al que se exponen los desmovilizados de las FARC-EP.

El contrato se realizó por medio de contratación directa y se obvió el procedimiento de licitación pública.

Se declaró la nulidad de los actos acusados por vulnerar el derecho al debido proceso del solicitante de la marca.

Avalar el no pago de la indemnización administrativa implica imponerle al ciudadano consecuencias de actos irregulares que no le son atribuibles.

No debe prestar a título particular asistencia o asesoría en asuntos relacionados con las funciones de la entidad pública donde labora.

Se estudió una tutela del cacique mayor del pueblo Zenú tras el apoyo a su captura por parte de autoridades judiciales.

El empleado debe hacer la entrega de su puesto de trabajo y de todos los bienes y valores que le fueron encomendados.

Las expresiones demandadas estarían creando nuevas reglas de competencia.

La Ley 1150 del 2007 excluyó la presentación del Registro Único de Proponentes en casos de contratación directa.

No aplicará en caso de sentenciados que se encuentren vinculados o relacionados con delincuencia organizada.

La Ley 2191 del 2022 (Ley de Desconexión Laboral) no aplica respecto de los contratistas de prestación de servicios.

“El acuerdo nacional es que los partidos del Gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes para darle solución a problemáticas sociales concretas”.

El legislador permitió que el coadyuvante de la parte demandada formule argumentos de defensa adicionales a los propuestos por la parte que coadyuva.

El empleado público se rige por una relación legal y reglamentaria y se concreta con un acto de nombramiento y posesión.

El deber del juez es desentrañar en cada caso cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos.

Existe responsabilidad por parte de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades distritales ante las graves omisiones que permitieron su feminicidio.

Parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil no pueden ser contratistas.

Dependiendo de la situación administrativa, el empleado encargado podrá recibir la diferencia salarial del alcalde.

Se radicó en el Concejo de Bogotá una propuesta de actualización del Estatuto de Valorización, que cambiaría las reglas generales.

La condición de no tener en curso investigaciones administrativas migratorias originadas en su ingreso irregular al país o no tener en curso procesos policivos.

Al juez de la acción popular no le correspondía tomar decisión de anular contrato porque era competencia del tribunal de arbitramento.

Las entidades estatales solo pueden contratar personal en caso de necesitarlo como apoyo a dicha gestión.

Jueces deben determinar afectaciones y beneficios derivados de la divulgación de la información solicitada y sus efectos sobre los derechos y bienes en disputa.

Salvo que lo haga en función de su cargo, el contrato se lo permita, lo haga en causa propia u obre como abogado de pobres.

Dar publicidad al acto que ha sido realizado entre cedente y cesionario otorga seguridad jurídica frente a terceros.

Proveedores deben acreditar que dentro del personal cuentan con mujeres, personas con discapacidad y mayores de 45 años.

La responsabilidad sobre el cumplimiento de la atención permanente, de protección y salvaguarda recae sobre las alcaldías.

El juez tiene el deber de declarar oficiosamente la nulidad absoluta de los contratos cuando esté plenamente demostrada.

Ordenan concluir la represa en La Guajira tras más de 15 años de haber iniciado su construcción.

Esa es la consecuencia de asumir irregularmente otro cargo de libre nombramiento y remoción.

El aporte de verdad plena a que están obligados los comparecientes ante la JEP contribuirá a los procesos de investigación.

Plazos de días previstos en las leyes y actos oficiales se entienden hábiles, pues los días calendario se fijan expresamente.

Estos lineamientos son de cumplimiento obligatorio para servidores públicos que asesoren y orienten en el ICBF.

Propietario de varios inmuebles debe tramitar la conexión para cada uno de ellos, pues no se puede celebrar un contrato para varios.

Cualquier disposición tendiente al levantamiento del velo corporativo debe adoptarse en el marco de un proceso judicial.

Para la vinculación de personas a la administración pública que practiquen profesiones en las que se exija la presentación de tarjetas profesionales existirá este requisito.

La Fiscalía profiere actuaciones judiciales en ejercicio de su función constitucional como titular de la acción penal.

Pueden celebrar contratos estatales las personas legalmente capaces, siempre que no exista inhabilidad o incompatibilidad.

La posibilidad de solicitar un tiempo extra para presentar la prueba pericial es un derecho de ambas partes.

Se negó la solicitud de suspensión provisional formulada contra varios preceptos de la Ley 2272 del 2022, por no cumplir requisitos mínimos.

A pesar de la autonomía administrativa, las entidades públicas de todos los niveles deben acatar lineamientos y generalidades.

Su reconocimiento y pago obedece a criterios legales, sin importar la jornada laboral que tenga asignada el empleado.

La sanción por desacato en acción de cumplimiento contra la Fiscalía General de la Nación se dio por no adelantar procesos de selección por concurso de méritos para cargos.

El texto será de aplicación obligatoria por todas las dependencias, servidores públicos y contratistas de la UPME involucrados en el proceso de contratación.

En materia de tránsito no se habla de derechos adquiridos para los conductores en relación con la vigencia de las licencias de conducción.

A las comisiones de regulación les corresponde establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos.

No toda condena contra una entidad pública tiene la potestad de generar una afectación patrimonial.

El artículo 125 superior dispone que los empleos públicos son de carrera, excepto, entre otros, los de libre nombramiento y remoción.

En el procedimiento de cobro coactivo la autoridad debe incorporar los documentos que integran el título ejecutivo complejo.

Corresponde a cada contribuyente y responsable del IVA evaluar y determinar en cada caso particular la normativa tributaria.

Consejo de Estado precisó la responsabilidad del Estado por falla en el servicio por ataque con explosivos a un vehículo en el que se movilizaba una contratista.

La normativa no prevé ninguna causal de inhabilidad para acceder al cargo de concejal para quienes son pensionados.

Declaran nulas algunas disposiciones del decreto único reglamentario del sector administrativo de Minas y Energía.

Empleos adscritos a estos niveles implican actividades que no se enmarcan dentro del ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.

El Consejo de Estado advierte que se puede vulnerar el derecho al debido proceso.

Consejo de Estado explicó que la configuración de dicha causal ocurre al momento de la destinación de los dineros.

Deberá esperar hasta que sea superado de manera satisfactoria dicho periodo y sea incluido en el registro de carrera.

Se instó a la EPS abstenerse de negar el reconocimiento y recordó que la licencia parental cumple la función de garantizar el derecho del cuidado de un menor de edad.

De lo contrario, se configuraría un defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.

Yina Calderón, Yeferson Cossio, Luisa Castro y Mariam Obregón son los investigados.

Corte ampara derechos de indígena de la comunidad Embera Katío, quien resultó herido con mina antipersonal en labores de erradicación de cultivos ilícitos en Antioquia.

De ser así se estaría incurriendo en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

El medio de control procedente en contra del Fosyga es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

Los magistrados Paola Meneses y José Fernando Reyes le pidieron al alto tribunal que revise la primera tutela fallada en Colombia con uso de la inteligencia artificial.

El empleado público puede ejecutar trabajos con entidades privadas, siempre y cuando lo haga por fuera de la jornada laboral.

Autoridades urbanísticas del Distrito Capital no vulneraron los derechos colectivos cuando otorgaron a la universidad la licencia de construcción cuestionada, pues el predio no es parte de área protegida.

Al no precisar el término de las notificaciones, la comunidad aduanera estaba en desventaja para reaccionar a tiempo frente muchos casos de decomisos y multas onerosas.

El derecho de petición será el mecanismo idóneo para realizar dicho trámite.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial encontró que no se acreditaba la antijuricidad de la falta atribuida a la abogada investigada, pues existía justificación válida para la aceptación del mandato profesional.

Derechos, deberes, prohibiciones, impedimentos, inhabilidades y conflictos de interés son taxativos.

La Corte Suprema se pronunció sobre la procedencia excepcional de la acción para cuestionar el acuerdo que ordena a la accionante prestar apoyo de manera transitoria a otro juzgado.

El Ministerio Público deberá pagarle al exsenador los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro.

No es posible modificar el título ejecutivo, dado que cuando este ha cobrado ejecutoria la sentencia judicial entra al patrimonio del acreedor y este derecho no puede ser menoscabado por interpretaciones posteriores.

La Corte Constitucional declaró inexequibles los apartes de la Ley 734 del 2002 que permitían estas anotaciones.

Las comisarías de familia deben establecer el régimen de visitas virtuales dentro de un proceso de restablecimiento de derechos cuando exista distancia física con sus padres.

La iniciativa tiene por objetivo ofrecer apoyo agropecuario a las familias con situación de hambre en zonas cocaleras.

El acto administrativo de la DIAN vulneró el derecho de defensa del contribuyente por no haber concedido los recursos en sede administrativa.

No son nulos por falta de competencia los actos administrativos si a través de ellos no se había resuelto de manera previa una situación semejante a la que ahora se reprocha: Consejo de Estado.

Las personas transgénero tienen derecho a ser valoradas de manera adecuada y completa y a obtener la información pertinente que les permita conocer los procedimientos y tratamientos para lograr la respectiva afirmación de sexo.

Si una incapacidad no interrumpe el periodo de prueba por este término, no habrá necesidad de prórroga.

La autoridad judicial está obligada a hacer un examen de las pruebas de ese hecho y su relación con el principio de reparación integral.

Cuando no medie contrato estatal, el medio de control procedente es el de restitución de inmueble: Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Afiliado que llegue a edad de pensión sin cumplir con semanas puede seguir cotizando para pensionarse.

La Corte Constitucional cuestionó si la autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico al valorar la prueba sobre los presuntos actos sexuales abusivos en contra de una menor.

Corte Suprema explicó si se vulneró el derecho al debido proceso administrativo por motivación insuficiente al dejar de pronunciarse sobre normas que regulan la prescripción de la acción penal.

El encargo es una figura transitoria que puede ser utilizada como situación administrativa o como una forma de provisión de empleo.

Si hay algo que comparten las grandes sentencias de la historia, desde Marbury vs. Madison (1803) hasta nuestra T-406/92 y posteriores, es que han sido de creación jurisprudencial.

Se termina el nombramiento provisional de la empleada embarazada y se le pagan las prestaciones que garanticen la licencia de maternidad.

Para que el diseño de una marca pueda ser considerado una obra susceptible de protección vía derechos de autor debe acreditarse que se ostentan esos derechos.

Se trata de tres normas que permiten determinar la estructura del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, su personal y funciones.

Debe haber cumplido, además, los requisitos para gozar de la pensión de retiro por jubilación, edad o invalidez.

Su actuación puede vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la personalidad jurídica de varios ciudadanos.

Incumplimiento de terceros no exonera de responsabilidad contractual al deudor en las obligaciones de resultado.

Por expresa previsión legal están exceptuados de la liquidación.

Un sector de la doctrina ha reconocido la alienación parental como una forma sutil de maltrato infantil.

Al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección de estabilidad laboral reforzada es necesario establecer por lo menos tres aspectos.

Es el remplazo de Juan Enrique Bedoya.

La búsqueda de la común intención de las partes y la buena fe.

Ante vacíos normativos que obstaculicen el control y la vigilancia fiscal se dispone la reviviscencia.

De lo contrario, se estaría incurriendo en defecto fáctico por no valorar en su integridad el acervo probatorio.

No estaría inhabilitado, solo deberá renunciar o ceder su contrato si llega a ser elegido antes de tomar posesión del cargo.

Al Estado no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros.

Estas actividades hacen parte de su proceso de formación y aprendizaje en el ejercicio de la profesión de abogado.

El juez de la ejecución tiene el deber de conformar el título ejecutivo de manera idónea como garantía del debido proceso: Corte Suprema.

De no existir mérito suficiente, se procederá a descontar los salarios por el día o los días no laborados.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra expresión contenida en el artículo sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

Los demás aspirantes que integran la lista solo tienen una mera expectativa de ser nombrados en caso de que los aspirantes que ocuparon un puesto superior no acepten sus nombramientos.

La sanción por omitir su expedición es de tipo personal, es decir, responde el funcionario que lo omita.

El Ministerio de Trabajo logró un acuerdo con más de 35 organizaciones sindicales del sector público.

De confirmarse la vulneración por parte de las investigadas, se podrán imponer multas de hasta 15 mil SMLMV para cada una.

En caso de recibir honorarios por su actividad, no pueden recibir simultáneamente remuneración como servidores públicos.

Consejo de Estado explica si se pueden aplicar por analogía las normas que regulan lo relativo a la cesión de los contratos de fiducia.