Emiten órdenes frente a múltiples hechos de victimización contra los firmantes del Acuerdo de Paz

En el marco del estado de cosas inconstitucional sobre el componente de garantías de seguridad para la población firmante del Acuerdo Final de Paz, declarado por la Corte Constitucional mediante Sentencia SU-020 del 2022, la sala especial de seguimiento a dicho fallo remitió a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación un auto donde documentó y sistematizó múltiples hechos de victimización y afectación en contra de dicha población.

A través de varios anexos, entre estos uno reservado, se informó sobre la totalidad de denuncias y documentos que dan cuenta de estas conductas y de la desprotección que experimentan y, además, explicó que lleva un registro de los hechos de victimización con base en la información que le envían diversos actores, así como por la búsqueda activa en distintas fuentes públicas, especialmente de los colectivos de firmantes y de la sociedad civil.

En virtud de ello, el alto tribunal dio órdenes para asegurar actuaciones de las autoridades, según competencias, respecto de los hechos y afectaciones narradas. En particular, instó a la UEI a que, en caso de no haberlo hecho, adopte medidas para impulsar la investigación y judicialización de estructuras y organizaciones criminales responsables de patrones criminales contra esta población.

Así mismo, ordenó a la Unidad Nacional de Protección revisar las condiciones de riesgo a las que se exponen los exmiembros de las Farc-EP que pertenecían al Bloque Sur y que son comparecientes ante la Sala de Reconocimiento de la JEP. También se ordenó asegurar la protección de las organizaciones ANFAP y ECOMUN, en lo que se refiere a condiciones para comparecer de forma segura.

Por último, solicitó a la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz informar cuál es la situación actual de los firmantes que fueron desplazados. Así mismo, presentar planes, cronogramas y mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos de las autoridades en materia de seguridad y reubicación. Corresponde a la Procuraduría verificar el cumplimiento de las órdenes emitidas. 

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